Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que el Tren de Aragua no es una organización terrorista sino una “banda de jóvenes expuestos al narcotráfico por la pobreza”, varios gobiernos reiteraron su postura contraria y confirmaron acciones en curso contra esta estructura criminal de origen venezolano.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra 10 integrantes de la organización, designada allí como grupo terrorista extranjero, por delitos que incluyen tráfico de personas, explotación sexual de mujeres, distribución de drogas como el “tusi” y robos a mano armada en Nueva York. Según las autoridades, los acusados ingresaron ilegalmente al país y obligaban a mujeres a prostituirse para saldar deudas con la banda.
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró en enero al Tren de Aragua como grupo terrorista, al vincularlo con el financiamiento de protestas indígenas y con la creciente violencia ligada al narcotráfico. Noboa advirtió que los manifestantes que infrinjan la ley serán procesados por terrorismo, con penas de hasta 30 años de prisión. Durante las recientes manifestaciones en Quito, las autoridades reportaron casi 60 detenidos, incluidos dos venezolanos con presuntos vínculos con la organización.
Otros países de la región, como Chile, mantienen investigaciones abiertas por crímenes atribuidos al Tren de Aragua, considerado uno de los carteles más peligrosos de América Latina.
El grupo surgió en Venezuela, pero su red se ha expandido por Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Estados Unidos, operando en actividades que van desde el narcotráfico hasta el tráfico de personas, pese a las diferencias de criterio sobre su clasificación como organización terrorista.
