La Contraloría General de la República informó que, a corte del 30 de junio de 2025, la Nueva EPS mantiene sin legalizar anticipos por $15,3 billones.
El organismo de control señaló que persisten deficiencias en la calidad y seguridad de la información reportada por la entidad, lo que impide garantizar trazabilidad, consistencia y completitud en el manejo de los recursos del sistema de salud.
Entre las principales irregularidades encontradas se destacan:
Incumplimientos al Decreto 441 de 2022, como ausencia de notas técnicas, soportes documentales y definición de modalidades de pago.
Giros de anticipos a IPS bajo contratos por “pago por evento”, modalidad que no contempla adelantos.
Falta de auditoría a las cuentas médicas radicadas por prestadores que ya habían recibido anticipos, lo que mantiene en trámite la legalización de los recursos.
Omisión en la revisión de 13,7 millones de facturas por un valor de $13,2 billones, lo que representa un riesgo de pérdida para el sistema de salud.
Inconsistencias entre lo reportado por la Nueva EPS, lo recaudado y lo consignado en bases oficiales como la ADRES.
La entidad fiscalizadora advirtió que continuará adelantando las investigaciones para determinar posibles daños al patrimonio público y la responsabilidad de los actores involucrados.
