La Fiscalía General de la Nación ha presentado cargos formales contra los exgobernadores de Magdalena, Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, acusándolos de posibles delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
Los cargos están relacionados con el contrato 617, firmado el 4 de octubre de 2013, con un valor de 432.010 millones de pesos, destinado al mejoramiento del tramo vial que conecta Palermo con Sitionuevo, Remolino y Guáimaro en Magdalena, conocido como la ‘Vía de la Prosperidad’.
Según las pruebas presentadas, Luis Miguel Cotes Habeych, mientras era gobernador entre 2012 y 2015, habría tramitado y celebrado el contrato de manera irregular. Se utilizaron estudios y diseños desactualizados, lo que afectó el desarrollo adecuado del proyecto y generó sobrecostos. Se alega que Cotes Habeych no ejerció su deber de supervisar el proceso contractual y permitió que continuara a pesar de los sobrecostos. Estas irregularidades y la falta de deducción de impuestos al contratista habrían causado pérdidas al departamento por 28.416 millones de pesos.
Por otro lado, Rosa Cotes de Zúñiga, quien gobernó Magdalena entre 2016 y 2019, permitió un otrosí y tres modificaciones al contrato original, que alteraron las condiciones técnicas, presupuestales y de tiempo de ejecución. Esto resultó en un gasto adicional de 47.911 millones de pesos para la obra.
El proyecto original, que contemplaba la construcción de 52.6 kilómetros en 35 meses, se entregó muchos años después con solo 18.2 kilómetros ejecutados. Además, el precio por kilómetro acordado pasó de 8.213 millones de pesos a 18.179 millones de pesos.
Peritos especializados del CTI estimaron las pérdidas totales para el departamento en 76.327 millones de pesos. Estos fondos corresponden a pagos adicionales al contratista por un proyecto vial inacabado que no cumple con los requisitos establecidos.
El juicio contra los exgobernadores comenzará en la fecha que determine la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Los cargos presentados arrojan luz sobre supuestas irregularidades y pérdidas significativas en un importante proyecto de infraestructura en Magdalena.
