La justicia de Estados Unidos revisará su apelación. La decisión de negar la petición se dio en mayo.
La situación de Salvatore Mancuso sigue siendo un tema clave entre Estados Unidos y Colombia. Este martes, se llevó a cabo una audiencia en la que se tenía que discutir la permanencia o no del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en suelo norteamericano.
Mancuso paga una condena de 15 años en Atlanta, Georgia y hace pocos días fue designado como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En este punto, por ejemplo, el fiscal Barbosa desde Washington D.C. explicó que no es posible que Mancuso recobre la libertad de inmediato pues eso tiene que decidirlo un juez y no el poder ejecutivo.
El documento conocido por W Radio señala que fue el 26 de mayo de 2023, que el juez de migración denegó la solicitud de aplazar la expulsión a Colombia. El tema seguirá siendo estudiado. Un aparte del documento señala: “Actualmente, el estado del proceso administrativo relacionado con su remoción continúa en curso a nivel administrativo”.
Y agrega otro aparte: “En consecuencia, las partes respetuosamente proponen que presenten otro Informe de Estado Conjunto el 22 de febrero de 2024 o antes”. Es decir, apeló y se tiene que definir en los próximos días.
Advierte EE.UU.
Un portavoz del Departamento de Estado a propósito de la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Una decisión que tomó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El Departamento de Estado advierte:
“Somos conscientes de que el Gobierno colombiano ha designado a Salvatore Mancuso como facilitador de paz”. El Departamento de Estado advierte que debe ser el gobierno colombiano quien entregue información sobre su papel en sus diálogos actuales con los grupos armados existentes
Y viene un mensaje claro para Colombia y es que Estados Unidos continúa apoyando los procesos de paz anteriores de Colombia, incluida la implementación continua del Acuerdo de Paz de 2016. Señala otro aparte: “También apoyamos los mecanismos en curso que promueven la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y una justicia significativa para las víctimas”.
