Luego de una citación a debate de control político, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentó un corte de cuentas en materia penitenciaria en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
La primera en intervenir fue la representante por Santander, Érika Sánchez, quien aseguró que en su departamento “tenemos abandonados no solo a las personas privadas de la libertad, sino a los guardias”.
Sánchez se refirió a la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander. De acuerdo con su denuncia, ese establecimiento carece de sistema de acueducto, dado que no existen conexiones con la empresa que provee el servicio al municipio. La falta de agua genera un alza de costos, puesto que se debe recurrir a tanques de almacenamiento que están en “pésimas condiciones”.
“Todos los sanitarios se encuentran obstruidos” en esa cárcel, denunció la congresista, al advertir que eso significa que las personas recluidas no tienen acceso adecuado a un servicio digno e higiénico. El diseño del alcantarillado ha causado un aumento de humedad en las paredes de la prisión mientras las aguas residuales llegan a la quebrada El Palmar.
Sánchez también criticó el diseño de las garitas, pues impide que se pueda vigilar adecuadamente toda la zona, y la falla en el cerramiento en buena parte del establecimiento, lo que se traduce en un alto riesgo de suma. Por último, no hay duchas instaladas.
Ese es solo un ejemplo de la falta de condiciones dignas en establecimientos de reclusión, tanto en prisiones como en lugares transitorios como estaciones de Policía.
La representante Sánchez aseguró que el hacinamiento carcelario en el país llegó al 23,7% en junio de este año, lo que equivale a 0,6 puntos porcentuales más que en mayo y 3,9 más que en junio del año pasado.
En total, en Colombia hay 173 mil personas privadas de la libertad. De ellas, unas 100,6 mil están en establecimientos de reclusión, donde para este año solo se habían fijado 81 mil cupos, según el INPEC. Mientras que en las estaciones de Policía y las URI el hacinamiento alcanza el 2000%.
“Uno de los problemas más graves que hay es la falta de guardianes del Inpec para atender a la población carcelaria”, reveló Sánchez.
En promedio, hay un guardia para 17 personas recluidas. Para mejorar esa condición y llegar a una “planta ideal de servidores penitenciarios”, el INPEC necesitaría crear 11 mil nuevos puestos de trabajo, de los cuales 6,4 mil deberían ser para personal que se dedique exclusivamente a tareas de seguridad y vigilancia.
En cuanto a la infraestructura carcelaria, la congresista calificó la situación como “recrítica”.
De las 126 cárceles del país, 113 fueron construidas antes de los años 90, cinco se construyeron entre los 90 e inicios de 2000 y 10 se construyeron a finales de la primera década del nuevo siglo.
Sánchez denunció la falta de acceso a servicios de salud que padecen los detenidos.
“¡Cómo es que una persona privada de la libertad no tiene derecho a enfermarse, porque mientras se da todo el trámite termina falleciendo al interior del centro carcelario!”, reclamó.
La falta de condiciones dignas y de atención a la infraestructura ha causado que la búsqueda de resocialización sea un fracaso, con cifras de 21,9% en todo el país. Uno de los ejemplos que Sánchez citó fue el escape de ‘Matamba’ de la cárcel La Picota, donde el 95% de las cámaras estaban fuera de servicio.
El ministro de Justicia le dio la razón a la representante Sánchez. “El diagnóstico que usted acaba de hacer es absolutamente certero”, dijo y señaló que corresponde a lo que se ha contemplado como un estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria que el gobierno Petro pretende resolver.
“El propósito que nos hemos fijado es que para el 2026 la Corte Constitucional pueda decir que se superó el estado de cosas inconstitucional”, mencionó Osuna, quien añadió que se requiere una “combinación de esfuerzos” para ese fin.
Osuna dijo que el Gobierno recibió un documento Conpes que dice que hay que construir 9,8 mil cupos carcelarios. De esos, tras el primer año de su gestión llevan 1430, repartidos en Santa Marta, Medellín y Cartagena.
La meta para el 2025 es que se hayan habilitado 2808 cupos en cárceles que ya existen y que se construyan nuevas cárceles. La más grande estará en Riohacha y va avanzada en un 30%, y la segunda más grande estará en Barrancabermeja.
Además, planteó que hay que aumentar el número de guardianes del INPEC, que pasarán de 18 mil a 19 mil al terminal este año.
Osuna criticó que la policía se dedique a la custodia de presos, cuando no han sido formados para ese propósito. Cito como ejemplo el caso en Andalucía (Valle del Cauca) en donde el cuerpo de Policía está compuesto por ocho uniformados, de los cuales cuatro cuidan la cárcel.
Frente a las cámaras de La Picota, el Ministro indicó que “hoy funcionan todas”.
Añadió que la normatividad actual les dio cargas desproporcionadas a los municipios al asumir detenidos no condenados. Como la nación es la que se ha encargado, presentará un proyecto de ley junto a Asocapitales para mejorar el presupuesto del Uspec y de los municipios para atender a esa población, además de que insistirá con el proyecto de humanización carcelaria.
