La sentencia también menciona el cumplimiento de órdenes anteriores, por la presencia permanente de residuos sólidos de construcción y demolición en esta zona de la ciudad.
El Tribunal Administrativo del Cesar acogió las pretensiones presentadas por la Procuraduría General de la Nación en la acción de cumplimiento en contra de la alcaldía municipal de Valledupar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR, que pedía el cumplimiento en su obligación de proteger el río Guatapurí frente a la afectación ambiental y contaminación causada por el vertimiento en sus aguas de los desechos líquidos y orgánicos producto de la actividad de crianza y sacrificio de ganado porcino en los predios aledaños a su cauce.
Gracias a la intervención del ente de control, el tribunal ordenó al municipio de Valledupar y a Corpocesar, que se adelanten los procedimientos y acciones administrativas y de policía para la protección y recuperación del área forestal protectora del Río Guatapurí, impidiendo, vigilando y prohibiendo los vertimientos de desechos líquidos y orgánicos y todas las afectaciones contaminantes que personas naturales o jurídicas estén realizando en el cuerpo de agua y que generen afectación a la fuente hídrica, desde su nacimiento hasta su desembocadura.
Por los hechos vulneratorios de los derechos colectivos, las entidades accionadas deberán antes del término de 3 meses, allegar al Comité de Verificación, el cronograma de trabajo dispuesto para acatar cada una de las órdenes y el plan de trabajo desde el marco de sus competencias constitucionales y legales.
Finalmente, cada 3 meses, la alcaldía de Valledupar y Corpocesar tendrán la obligación de celebrar un comité de trabajo conjunto para evaluar el cumplimiento de cada orden específica, remitiendo las actas de las sesiones a dicho comité, bajo la observancia de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Valledupar.
