La mayoría de los casos están relacionados con obras públicas inconclusas.
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en rueda de prensa en Montería reveló que son 144 procesos de responsabilidad fiscal, por $214.870 millones, que adelantan en el departamento de Córdoba.
Dijo que recientemente se imputó responsabilidad por $15.173 millones y se decretaron medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en los pagos por prestaciones de servicios de salud en Neurorehabilitación en la Gobernación.
Reveló otro proceso de responsabilidad fiscal por $18.734 millones y tiene que ver con la “Aplicación de Ciencia, Tecnología e Innovación, para Mitigar Efectos de los TLC en el departamento y destacó otro caso por un valor de $16.842 millones, por irregularidades en el funcionamiento de la sede de la Universidad de Córdoba en el municipio de Sahagún.
Uno de los casos más sonados está relacionado con irregularidades en la construcción y dotación de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital San Jerónimo, de Montería donde se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por $16.118 millones.
El contralor señala que se tramita igualmente un proceso por $8.052 millones, por irregularidades en la extensión de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de Puerto Libertador.
El contralor general confirmó el proceso ordinario de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del acueducto regional costanero para llevar agua a Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido por una cuantía del daño inicial $1.578 millones y el afectado es el departamento de Córdoba.
También por una cuantía de $8.817 millones, la Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal, en primera instancia, dentro del proceso por irregularidades en el reconocimiento de reajustes de pensiones a algunos docentes jubilados del departamento de Córdoba.
Cabe recordar que este proceso tuvo su origen en una auditoría dentro de la cual se detectó que la Secretaría de Educación del Departamento, en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, realizó el reconocimiento de reajustes a la pensión de jubilación de algunos docentes invocando el derecho a la igualdad.
