El ente de control alertó sobre retrasos en el cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales étnicos, al advertir obstáculos administrativos que no han sido superados luego de más de 10 años de expedidas la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Leyes 4633,4634 y 4635 de 2011.
Luego de una acción de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, a una víctima del conflicto armado. En la sentencia se ordenó al Tribunal Superior de Cartagena adoptar todas las medidas necesarias para materializar la sentencia que protegió su derecho fundamental a la restitución de tierras.
En la acción constitucional del ente de control en favor de la víctima, se evidenció el incumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia del 29 de noviembre de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, a través de la cual se protegió el derecho a la restitución del demandante y demás familiares, y se ordenó la “entrega de un predio por equivalencia de un inmueble de similares características del que fue despojado”.
Además, en la intervención realizada por la Procuraduría se demostró que se ha acentuado la condición de vulnerabilidad de la víctima, debido a los obstáculos administrativos que se han presentado por parte de las instituciones responsables de dar cumplimiento a lo ordenado.
La Procuraduría viene alertando los retrasos en el cumplimiento de sentencias de restitución de tierras y derechos territoriales étnicos al advertir obstáculos administrativos no superados luego de más de 10 años de expedidas las Leyes 1448 de 2011 y los Decretos Leyes 4633,4634 y 4635 de 2011 y, que repercuten en la prolongación de la vulneración de los derechos sobre la población víctima de abandono y despojo de tierras con ocasión del conflicto armado en el país.
La Procuraduría General de la Nación, a través de sus 46 procuradores judiciales para la Restitución de Tierras seguirá vigilante de la administración pública para que se garantice el cumplimiento de las sentencias en un plazo razonable y la realización de los derechos reconocidos a los beneficiarios de la sentencia, atendiendo el carácter transicional del proceso de restitución de tierras.
