Así lo manifestó la Procuraduría luego de señalar que había tenido conocimiento de que supuestamente algunos gobernadores y corporaciones de resguardos indígenas han expedido comunicados en los que informan a sus comunidades que el certificado de votación será requisito, a partir del 20 de junio, para poder realizar trámites tales como exoneraciones de servicio militar, avales universitarios o actualización censal.
“En nuestra condición de guardianes y promotores de derechos debemos velar por la protección de las garantías de todos los ciudadanos y evitar posibles vulneraciones a las libertades políticas que resulten irreversibles, lo cual se generaría al crear una restricción a los derechos que todos los colombianos deberían poder disfrutar plenamente”
En consecuencia, con el fin de que exista plena protección al ejercicio de los derechos políticos de nuestros ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación informó:
1. A los gobernadores y corporaciones de resguardos indígenas, para que, en el ejercicio de su autonomía y derecho a la libre determinación, fomenten prácticas que incentiven el ejercicio de los derechos políticos de los integrantes de sus comunidades sin coartar sus libertades ciudadanas.
2. Al Ministerio del Interior, para que inicie un diálogo político con estos resguardos indígenas, con el fin de que se puedan establecer medidas que protejan sus usos y costumbres y el ejercicio de los derechos políticos de sus integrantes en su condición de ciudadanos.
