Cerca del 85 % de las demandas corresponden a integrantes del Ejército Nacional.
Colombia enfrenta en la actualidad un total de 62 demandas, donde las pretensiones ascienden a $180.067 millones de pesos, que fueron instauradas en contra de la Nación por denuncias y procesos judiciales que cursan contra miembros de las Fuerzas Militares señalados de ser responsables de delitos sexuales, según reveló la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El informe que fue preparado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hace una radiografía de las regiones del país donde se concentran la mayor cantidad de demandas por estos graves hechos.
También señala el informe que, incluso gracias a las acciones de los abogados del país, ya fue posible dar por terminado los litigios judiciales que se seguían en otros 35 procesos donde los demandantes reclamaban pretensiones, por más de 67.000 millones de pesos.
Se destaca que los mayores registros de demandas comenzaron a incrementarse a partir del año 2016, teniendo el pico más alto durante el año 2019 con pretensiones por $79.800 millones de pesos.
Así mismo, entre 2020 y lo corrido de este año fueron instauradas un total de trece demandas por más de 21.700 millones de pesos por casos de militares involucrados en hechos asociados a delitos sexuales.
De igual forma, la Agencia de Defensa Jurídica advirtió que el 85% de las demandas, correspondientes a 140.884 millones de pesos en pretensiones, fueron instauradas por hechos que comprometen a integrantes del Ejército Nacional; el 15 % restante, equivalente a 42.083 millones de pesos contra miembros de la Armada Nacional y el 3% contra la militares de la Fuerza Aérea Colombiana.
Los investigadores de la Agencia resaltaron que las zonas del país sobre las cuales recae el mayor número de demandas en este sentido son en su orden Bogotá, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Cauca.
Graves hechos que incluso involucran a altos oficiales de las Fuerzas Militares, como lo fue el reciente escándalo por la denuncia pública que realizó la teniente retirada Jeimy Muñoz contra el hoy director de inteligencia de la Institución, general Mario González Lamprea, por acto sexual violento en 2017.
Sin embargo, la uniformada aseguró a RCN Radio que pese a sus urgentes llamados para que se investigue su denuncia el caso sigue en la impunidad, ya que a la fecha el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que fue designado para judicializar este proceso, ni siquiera la ha citado a ampliar su denuncia o rendir una declaración, ni ha ordenado otras pruebas.
Igualmente, sostuvo que incluso su abogado estuvo a punto de instaurar una tutela para acceder a su derecho y conocer quien estaba a cargo de investigar su denuncia.
“A la fecha no ha pasado nada, no me han citado en ninguna Fiscalía. Mi abogado realizó un derecho de petición solicitando saber donde estaba, a donde lo habían trasladado y ya casi venciendo el término de respuesta nos indicaron que había quedado en una fiscalía delegada ante la Corte Suprema y nos dijeron que por este año no iban a trabajar más, que nuestro caso quedaba en cola”, indicó la uniformada.
“No es fácil volver a contar lo que me pasó y esperar una respuesta del Estado y de la Fiscalía y nada pasa (…) La verdad sigue impune el caso como lo ha sido desde el principio, desde cuando yo denuncié y no ha pasado nada”, indicó la teniente retirada.
Agregó que va a estudiar con su abogado la posibilidad de instaurar una demanda contra la Nación debido a todos los perjuicios y daños causados producto de estos graves hechos.
“Es muy importante que tanto mi caso como el de todos los casos de acto sexual que cometen contra las mujeres se pongan las pilas, porque es muy doloroso que a uno le suceda esto y se sienta totalmente desamparado por parte de todo el mundo, de los órganos de control, me pasó y ya, supéralo, siga con su vida, que aquí no paso nada. Es muy triste, por favor adelanten las investigaciones“, enfatizó.
