Transcurridos 11 meses del 2021, se conoce que han sido asesinados en Colombia un total de 130 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Sin embargo la cifra es menor en comparación al años 2020, donde el reporte fue de 182 crímenes, según afirma la Defensoría del Pueblo.
Carlos Camargo, Defensor del Pueblo así lo sostuvo durante el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, donde informó que 111 homicidios fueron contra hombres y 19 contra mujeres.
De la misma forma, aseguró que, por sector social, el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales (31), indígenas (30), comunitarios (16), campesinos (14) y sindicales (7).
“Nuestro balance defensorial muestra que el 75% de los homicidios contra líderes sociales se presentó en 8 departamentos. Antioquia, encabeza la lista con 22 casos, y le siguen Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5”, aseguró Carlos Camargo.
“Si bien es cierto que ha disminuido el número de asesinatos contra líderes sociales, lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales. Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”, agregó.
“Como entidad que vela por el respeto de los derechos humanos nos duele reportar cifras tan dolorosas, y por eso trabajamos las 24 horas de todos los días para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las posibles vulneraciones de sus derechos, con el fin de lograr una respuesta estatal efectiva que garantice su protección”, aseguró el defensor del Pueblo.
En su balance, la Defensoría registró que los homicidios representan el 20% de todas las vulneraciones a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, donde las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población con el 73% de todos los reportes, que entre enero y septiembre de 2021 alcanzaron las 549 conductas vulneratorias.
