La MOE también presentó un protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres en la política.
Durante el primer semestre del 2021, la Misión de Observación Electoral (MOE), registró un total de 247 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional. La Misión expresó su preocupación por el aumento del 15,7 % en las agresiones y del 106 % en los hechos letales contra líderes políticos, frente al primer semestre del año anterior.
Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “estas cifras resultan preocupantes, pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Por lo que la situación debe ser señal de alarma para las autoridades, al cierre del 2021 y a los procesos electorales del 2022”.
La entidad precisó en su informe, que los hechos de violencia contra líderes se concentraron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Asimismo, que la violencia se recrudeció significativamente durante el primer semestre del año en los departamentos de Cesar y Nariño.
Por otra parte, la MOE presentó un protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres en la política. Ya que se trata de un fenómeno latente que amenaza la participación de las mujeres en las próximas elecciones, así como su liderazgo en los diferentes procesos de participación y representación.
Esta problemática, que apenas fue reconocida en el nuevo Código Electoral que está en revisión en la Corte Constitucional, ya ha sido abordada en al menos 11 países de América Latina, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y México, donde ya se cuenta con leyes especiales que abordan la violencia contra las mujeres en la política.
Al respecto, la oficial de género de la MOE, Luisa Salazar explicó que Colombia está llegando tarde a la atención de la violencia contra las lideresas sociales, políticas y comunales. Por ello la MOE le solicitó a los partidos y organizaciones que no avalen aspirantes que hayan sido condenados o sancionados por delitos de violencia doméstica, feminicidio o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; contra la libertad e integridad sexual, y de inasistencia alimentaria.
Finalmente, la directora de la MOE, Alejandra Barrios advirtió que es “urgente que las autoridades electorales, como el Consejo Nacional Electoral, en coordinación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y todas las agrupaciones políticas, implementen estos protocolos, teniendo en cuenta la introducción de la paridad y con ello, el aumento de la participación de las mujeres en el proceso electoral 2022, tras la aprobación del Código Electoral, una vez este sea declarado constitucional por la Corte”.
