En medio del inicio de las actividades restaurativas que debe cumplir Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corporación Rosa Blanca, integrada por víctimas del conflicto armado, le hizo un llamado para que entregue información sobre la ubicación de presuntas fosas comunes en el departamento del Meta.
La petición se produjo luego de que Londoño anunciara el comienzo del cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP dentro del Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las extintas Farc. El excomandante aseguró que esta etapa representa un compromiso con las víctimas y que las actividades no deben entenderse como un simple trámite.
La Corporación Rosa Blanca le pidió específicamente entregar información sobre dos presuntas fosas ubicadas cerca de La Uribe, Meta, una en el sector conocido como El Pueblito y otra en los puntos denominados Ucrania y Casa Verde, según la denuncia divulgada por la organización.
De acuerdo con la corporación, en esos lugares estarían los cuerpos de personas que habrían sido asesinadas durante el conflicto armado. La organización sostiene que entre las posibles víctimas habría niños y jóvenes universitarios que, según su versión, fueron reclutados mediante engaños.
Rosa Blanca afirmó además que familiares de estas personas todavía esperan conocer qué ocurrió con sus seres queridos y recuperar sus cuerpos. Estas afirmaciones corresponden a la denuncia de la organización y deberán ser contrastadas y establecidas por las autoridades competentes.
La solicitud adquiere especial relevancia debido a que una de las actividades restaurativas que adelantan ‘Timochenko’ y otros antiguos integrantes del Secretariado de las Farc consiste precisamente en participar en labores de búsqueda de personas desaparecidas. El primer proyecto se desarrolla en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, bajo coordinación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
La JEP declaró formalmente responsables a los antiguos integrantes del Secretariado por hechos investigados en el Caso 01 y estableció para Londoño una sanción de ocho años, junto con restricciones de movilidad, monitoreo electrónico y actividades restaurativas.
El llamado de las víctimas pone nuevamente sobre la mesa uno de los reclamos pendientes del conflicto: conocer el paradero de las personas desaparecidas y avanzar en la recuperación e identificación de sus restos, especialmente cuando existen señalamientos concretos sobre posibles lugares de enterramiento clandestino.
