La posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro establezca temporalmente su residencia en el conjunto Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, generó una reacción entre algunos residentes, quienes hicieron pública una comunicación en la que solicitan que cualquier eventual operación sea revisada previamente desde el punto de vista jurídico.
La carta, divulgada públicamente este 18 de septiembre y atribuida a residentes firmantes del conjunto ubicado en inmediaciones de la carrera Séptima con calle 148, aclara desde el comienzo que no existe, según ellos, documentación que permita confirmar que actualmente haya una negociación o un contrato de arrendamiento con el exmandatario.
“No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”, señala el comunicado.
La preocupación expresada por los vecinos está relacionada principalmente con la inclusión de Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Los residentes sostienen que esta circunstancia representa para ellos una “señal de alerta” y plantean que, antes de concretar cualquier eventual negocio, los propietarios e intermediarios involucrados deberían contar con asesoría jurídica especializada.
“Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, indica la comunicación.
Sin embargo, el documento también hace una precisión importante: sus firmantes reconocen que aparecer en la lista de OFAC no equivale por sí mismo a una condena penal ni significa automáticamente que exista una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia.
Además, los residentes aseguran que no están atribuyendo delitos o irregularidades a Petro ni a las personas que eventualmente pudieran participar en una operación inmobiliaria.
La carta solicita igualmente a la administración del conjunto que, dentro de sus competencias, evalúe si sería necesario adoptar alguna medida relacionada con seguridad, convivencia o utilización de las zonas comunes, en caso de que finalmente se concrete una eventual residencia del exmandatario.
La comunicación también deja claro que no representa una posición oficial de la administración de Sierras del Moral, de sus consejos ni de la totalidad de los habitantes. Se trata exclusivamente de la postura de los residentes que suscribieron el documento.
Petro ha negado que esté buscando comprar una vivienda
La controversia se produce en medio de las versiones sobre la búsqueda de un nuevo lugar de residencia por parte del expresidente, luego de su separación de Verónica Alcocer.
Petro ha rechazado públicamente algunas de las versiones que han circulado sobre una supuesta compra de vivienda y ha insistido en que no necesita adquirir un nuevo inmueble, pues ya cuenta con una propiedad que podría vender.
“Yo no estoy buscando casa para comprar porque ya tengo y puedo venderla para buscar otra”, escribió el exmandatario en una publicación del 9 de septiembre.
En otra declaración, Petro afirmó que lo que necesitaría sería arrendar una vivienda utilizando los recursos provenientes de su pensión y cuestionó las versiones que, según él, han generado temor frente a eventuales negocios con él.
También se ha referido directamente a las restricciones de OFAC. En una publicación del 8 de septiembre, sostuvo que las sanciones estadounidenses no le impedirían arrendar un lugar para vivir en Colombia cuando el propietario no sea una persona estadounidense.
Mientras tanto, la carta de los residentes de Sierras del Moral mantiene el asunto en el terreno de una eventual operación inmobiliaria y pide que, si esta llega a concretarse, las partes conozcan previamente las implicaciones jurídicas que pudieran existir.
Por ahora, el propio comunicado reconoce que no existe confirmación documental de que Petro vaya a instalarse en el conjunto y que su pronunciamiento responde exclusivamente a la preocupación de los residentes que decidieron firmarlo.
