A partir de este lunes 4 de agosto, comienzan a contarse los siete días hábiles que tiene la defensa del expresidente Álvaro Uribe para apelar el fallo que lo condenó, en primera instancia, a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. El proceso entra en una nueva etapa, pero está lejos de su final.
El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, fue claro desde el primer momento: presentará apelación. La jueza Sandra Heredia, quien firmó la sentencia de 1.114 páginas, solo le concedió dos días adicionales a los cinco iniciales, dejando el plazo hasta el 13 de agosto. “Conoce el caso desde el día uno”, argumentó la jueza al negar la prórroga completa solicitada por la defensa.
Mientras tanto, el país sigue polarizado. En una esquina, el uribismo espera con fervor una revocatoria del fallo. En la otra, sectores que celebran la condena como un hito en la historia judicial del país. “Aquí no se ha dicho la última palabra”, señaló Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, quien advirtió que el Tribunal Superior de Bogotá deberá pronunciarse antes del 16 de octubre, fecha límite antes de que prescriba la acción penal.
La historia tiene una ironía cruel: fue el mismo Uribe quien dio origen a este proceso cuando, en 2012, denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema no solo desestimó la denuncia, sino que volteó el reflector sobre Uribe, al considerar que había indicios de que él, en realidad, era quien intentaba influir en los testimonios.
Ahora, tres magistrados del Tribunal Superior decidirán si mantienen la condena, la modifican o la revocan. Y, si alguna de las partes no queda conforme, aún queda abierta la puerta del recurso de casación ante la Corte Suprema, lo que prolongaría la resolución definitiva del caso por varios años más.
La sentencia no solo implica cárcel domiciliaria para el líder del Centro Democrático. También lo inhabilita por más de ocho años para ocupar cargos públicos y le impone una multa superior a los 3.400 millones de pesos. La defensa apuesta por un vuelco en segunda instancia. Sus detractores temen que el paso del tiempo, más que la justicia, termine cerrando el caso.
Mientras tanto, el reloj corre. No solo para la apelación, también para la credibilidad de una justicia que, en palabras de Del Río, “está a prueba ante los ojos de todo un país”.
