La novela judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez entra en un nuevo capítulo. Tras su condena en primera instancia por soborno y fraude procesal, ahora su defensa y aliados políticos se juegan una carta clave en la etapa de apelación: acceder a las supuestas conversaciones entre el senador Iván Cepeda y el testigo Juan Guillermo Monsalve, el hombre cuya palabra fue decisiva para sentar al exmandatario en el banquillo.
La solicitud, liderada por la senadora Paloma Valencia y respaldada en una columna de opinión por la abogada Carolina Restrepo, exige que la Corte Suprema solicite formalmente a WhatsApp LLC y Google Inc. el acceso a respaldos y registros de las comunicaciones entre Cepeda y Monsalve. Alegan que esos chats pudieron haber contenido pruebas esenciales que nunca se analizaron en el juicio.
“Ese teléfono, que casualmente se ‘perdió’ en el momento más crítico del caso, podría contener conversaciones clave”, señaló Restrepo. “¿Se coordinaron? ¿Hubo presiones? ¿Se construyó un relato común? No lo sabemos. Y por eso es fundamental recuperar esa información”.
La defensa plantea que, con la apelación abierta, ahora sí hay lugar para revisar posibles vacíos probatorios que pudieron alterar el curso del juicio. Según Valencia, esta no es una movida política sino una solicitud seria que busca “claridad y justicia plena” en un caso de profundo impacto nacional.
¿Por qué ahora?
Durante la primera instancia, el tribunal no consideró necesaria esta prueba, dado que no se había formalizado aún una acusación que la demandara. Sin embargo, con la sentencia ya dictada, y una posible inhabilitación de más de ocho años sobre la mesa, los defensores de Uribe quieren dejar constancia de cada posible omisión.
“Lo que se busca no es una cortina de humo, sino acceder al origen real de las declaraciones que han sostenido este caso”, indicó Restrepo, apuntando que nunca se ha tenido una visión completa, verificable y pericial de las interacciones entre Cepeda y Monsalve.
¿Y Cepeda?
Hasta ahora, el senador Cepeda no se ha pronunciado de manera oficial sobre esta nueva petición, aunque en ocasiones anteriores ha desmentido cualquier tipo de manipulación. No obstante, la presión pública para que entregue voluntariamente sus registros aumenta.
La batalla apenas comienza
Con la tutela que busca revocar la medida de detención domiciliaria, y la apelación que abre la puerta a nuevas pruebas, el caso Uribe está lejos de cerrarse. Ahora el foco está en si la Corte Suprema accederá o no a esta solicitud internacional de pruebas digitales, en un proceso que mezcla política, justicia y tecnología como pocas veces se ha visto en Colombia.
Una cosa es segura: la apelación no solo buscará revocar una condena, sino reconfigurar el relato de todo el proceso.
