La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó el retiro de los esquemas de seguridad asignados a un grupo de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y a otras personas que contaban con medidas de protección, según una lista conocida por la revista Semana.
La decisión hace parte del proceso de revisión de los esquemas de protección que adelanta actualmente la entidad. Uno de los casos que ya trascendió públicamente es el del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y exdirector encargado de la UIAF, Jorge Lemus, quien fue notificado de la suspensión de su esquema y anunció que apelará la decisión.
Entre los exfuncionarios mencionados en la lista divulgada por Semana aparecen el exministro de Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata; la exministra de Ciencia Yesenia Olaya; el exministro de Trabajo Antonio Sanguino; la exministra de Comercio Diana Morales; el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de Hacienda Germán Ávila; la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio y el exministro del Interior Armando Benedetti.
También figuran el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la Paz Otty Patiño, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.
La relación conocida por el medio también incluye a Pilar Rueda, funcionaria de la JEP y esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda; al exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo; a Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, y al activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.
Una revisión que ya venía en marcha
El retiro de estos esquemas no sería un hecho aislado. Desde finales de agosto se conoció que la UNP estaba revisando las medidas de protección asignadas durante la administración anterior.
En las últimas semanas también se han conocido decisiones relacionadas con los esquemas de Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz, Beto Coral y Levy Rincón. En algunos de estos casos existen además investigaciones o solicitudes de información de organismos de control sobre la forma en que fueron asignadas las medidas.
La UNP ha señalado en otros casos que sus medidas se determinan a partir de evaluaciones de riesgo y recomendaciones institucionales, y ha advertido sobre la necesidad de mantener bajo reserva la información relacionada con los esquemas de protección.
¿Qué sigue para los afectados?
Según la información divulgada sobre la decisión, los afectados contarían con un plazo para presentar recursos contra el retiro de las medidas. En el caso de Jorge Lemus, ya se informó que acudirá a la apelación.
La controversia deja varios interrogantes sobre la mesa:
¿Qué criterios de riesgo utilizó la UNP para determinar el retiro de cada esquema?
¿Las decisiones responden exclusivamente a nuevas evaluaciones de seguridad o también a la revisión de las medidas asignadas durante el anterior gobierno?
¿Cuántos esquemas fueron revisados y cuántos fueron modificados o retirados?
¿Qué ocurrirá con las personas que decidan apelar las decisiones?
Y, especialmente, ¿cómo garantizar que la revisión de los esquemas permita concentrar la protección estatal en quienes realmente enfrentan un riesgo comprobado, sin dejar desprotegidas a personas cuya situación de seguridad pueda haber cambiado?
La decisión abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre el funcionamiento de la UNP, una entidad cuya responsabilidad consiste en determinar, mediante procedimientos de evaluación, quién requiere medidas de protección y cuáles deben ser las características de esos esquemas.
