La Unidad Nacional de Protección (UNP) avanza en una revisión de los esquemas de seguridad asignados durante el anterior Gobierno, proceso que ya dejó el retiro de vehículos blindados y escoltas a varios activistas e influenciadores cercanos al expresidente Gustavo Petro.
Uno de los casos más recientes es el del creador de contenido Levy Rincón, quien aseguró inicialmente que la UNP le había retirado las medidas de protección. Sin embargo, menos de 24 horas después informó que la decisión había sido reversada.
Según la información conocida sobre el caso, la entidad habría tomado nuevamente como referencia el estudio de riesgo realizado en julio. Aunque el esquema fue restablecido, el caso continúa bajo revisión.
Beto Coral, otro esquema retirado
Otro de los nombres que aparece en la revisión es Beto Coral, influenciador cercano al petrismo que fue deportado de Estados Unidos después de las elecciones presidenciales.
Tras su llegada a Colombia en julio, Coral recibió un esquema de protección de la UNP. Sin embargo, la asignación generó cuestionamientos debido a que el sindicato de la entidad señaló que se habría realizado de manera rápida y sin que inicialmente se conociera una resolución relacionada con el estudio de riesgo.
A finales de agosto, el esquema habría sido retirado.
Gabriela Muñoz también perdió la protección
El caso de Gabriela Muñoz, cercana al expresidente Petro, también está bajo la lupa.
Muñoz recibió en junio un esquema compuesto por un vehículo, dos escoltas y un chaleco antibalas, medida que habría sido sustentada en disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla mecanismos de protección para dirigentes y activistas políticos.
La decisión generó controversia porque para entonces Muñoz no tenía un papel político visible, mientras posteriormente fue mencionada en denuncias relacionadas con presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil, asuntos que actualmente son objeto de investigación.
A finales de agosto, aproximadamente diez días después de que se conociera públicamente la existencia del esquema, la UNP retiró las medidas.
En medio de la polémica, Petro salió en defensa de Muñoz y aseguró que había recibido amenazas de muerte. Ella, a su vez, manifestó que responsabilizaría al Estado si llegara a ocurrirle algo.
Juliana Guerrero, otro caso polémico
La revisión también alcanzó a Juliana Guerrero, quien anteriormente se desempeñó como secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior.
El esquema le fue asignado en mayo de 2025, después de que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) determinara que enfrentaba un nivel de riesgo considerado extraordinario.
Con base en esa valoración, la UNP le asignó un vehículo blindado y dos personas de protección.
Posteriormente, Guerrero quedó en el centro de una controversia judicial por la presentación de títulos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. Según la información citada, actualmente se encuentra condenada por esos hechos.
Procuraduría revisa dos de los casos
Los casos de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz ya llegaron a la Procuraduría General de la Nación.
La entidad abrió una indagación previa para establecer si se presentaron posibles irregularidades en el Ministerio del Interior, la UNP o el Cerrem durante los procesos de evaluación y asignación de las medidas de protección.
La investigación busca determinar cómo se realizaron los estudios de riesgo, cuáles fueron los criterios utilizados para asignar los esquemas y qué ocurrió posteriormente con las medidas otorgadas.
La Procuraduría también solicitó a la UNP información detallada sobre el otorgamiento, continuidad y estado actual de los esquemas relacionados con ambos casos.
La revisión de estos mecanismos de seguridad abre un nuevo debate sobre los criterios utilizados para asignar recursos públicos destinados a la protección de personas en riesgo. Mientras algunos esquemas han sido retirados, otros, como el de Levy Rincón, fueron restablecidos y permanecen bajo evaluación.
