La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, se encuentra hoy en el centro de la respuesta del Estado colombiano frente al devastador terremoto que golpeó al país. Sin embargo, la entidad enfrenta la emergencia con una situación interna marcada por las consecuencias financieras, administrativas y judiciales del escándalo de corrupción que sacudió al Gobierno anterior.
El nuevo director de la UNGRD, David Tamayo, lanzó una advertencia sobre las condiciones en las que recibió la institución. Según explicó, encontró una entidad “sin plata, endeudada y sin personal”, precisamente en un momento en el que Colombia requiere una capacidad institucional extraordinaria para atender a los damnificados, coordinar las labores de emergencia y comenzar a planificar la reconstrucción.
La situación representa uno de los mayores desafíos para la administración de Tamayo. La UNGRD es una de las entidades fundamentales durante una catástrofe: debe coordinar la respuesta nacional, articular a las autoridades territoriales, apoyar a los organismos de socorro y canalizar recursos hacia las comunidades afectadas.
Ahora, además de responder por la emergencia provocada por el terremoto, la institución debe intentar recuperar su capacidad operativa y financiera después de años de cuestionamientos.
El escándalo que golpeó a la entidad
La crisis institucional de la UNGRD quedó expuesta con fuerza a partir del escándalo relacionado con la adquisición de 40 carrotanques destinados a transportar agua potable hacia La Guajira.
La operación terminó bajo investigación de los organismos de control y la Contraloría estimó un posible detrimento cercano a $16.000 millones.
Lo que inicialmente parecía un caso relacionado con la compra de los vehículos terminó convirtiéndose en una investigación de mayores dimensiones, que involucró contratos, obras y recursos destinados a diferentes regiones del país.
Las investigaciones comenzaron a revelar presuntos direccionamientos de contratos y posibles acuerdos para favorecer intereses políticos, llevando el escándalo hasta las más altas esferas del poder.
Una investigación que se extendió por varias regiones
La Contraloría también puso bajo la lupa diferentes programas y proyectos ejecutados en departamentos como La Guajira, Santander, Córdoba, Bolívar y Arauca.
En 2024, el entonces vicecontralor Carlos Mario Zuluaga señaló que existían investigaciones relacionadas con cerca de $5 billones vinculados a posibles detrimentos, sobrecostos y hechos de corrupción investigados desde años anteriores.
El caso tomó una dimensión nacional durante la administración de Olmedo López, entonces director de la UNGRD, luego de que surgieran revelaciones sobre presuntos acuerdos para direccionar contratos y utilizar recursos públicos con fines políticos.
López terminó aceptando cargos dentro del proceso judicial, mientras las investigaciones avanzaron hacia otros funcionarios, contratistas y congresistas.
La magnitud del escándalo terminó afectando gravemente la imagen de una entidad que, por su naturaleza, depende de la confianza pública para administrar recursos durante situaciones de emergencia.
La paradoja en medio del terremoto
La situación adquiere ahora una dimensión especialmente crítica.
La entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado ante las grandes tragedias naturales debe enfrentar uno de los mayores desastres registrados recientemente en Colombia, mientras intenta superar las consecuencias de una crisis que debilitó sus finanzas, su estructura administrativa y su credibilidad.
El terremoto exige una respuesta rápida en materia de alimentación, alojamiento, salud, infraestructura, atención humanitaria y protección de las comunidades afectadas.
Pero para cumplir esa misión, la UNGRD necesita contar con recursos disponibles, personal suficiente y una estructura capaz de ejecutar las decisiones con rapidez y transparencia.
El nuevo Gobierno tiene así un doble reto: atender la emergencia y, al mismo tiempo, reconstruir una institución que llega golpeada a la reconstrucción del país.
La reconstrucción pondrá a prueba a la UNGRD
La fase de emergencia es apenas el primer capítulo. Una vez superadas las labores de búsqueda, rescate y atención inmediata, llegará una etapa todavía más compleja: la reconstrucción de viviendas, colegios, hospitales, vías, infraestructura pública y comunidades enteras.
La cantidad de recursos que será necesario movilizar convierte a la UNGRD en una institución estratégica para el futuro inmediato de Colombia.
Por eso, la advertencia de David Tamayo sobre las condiciones encontradas dentro de la entidad adquiere especial relevancia. Una UNGRD debilitada no solo representa un problema administrativo: puede convertirse en un obstáculo para responder de manera eficiente a miles de familias que hoy dependen de la capacidad del Estado.
El terremoto, además de dejar una tragedia humana y material, está poniendo al descubierto las fortalezas y debilidades de las instituciones encargadas de responder ante las crisis.
Ahora la UNGRD deberá demostrar que puede recuperar su capacidad, garantizar que cada recurso llegue a quien lo necesita y evitar que los errores y escándalos del pasado vuelvan a repetirse.
La emergencia será, en ese sentido, una prueba no solo para el nuevo Gobierno, sino para una institución que tendrá que recuperar recursos, capacidad operativa y, sobre todo, la confianza de los colombianos.
