El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que el proceso de empalme con la Contraloría General de la República dejó al descubierto un complejo panorama de las finanzas públicas que recibirá la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella a partir del próximo 7 de agosto. Según afirmó, los informes técnicos evidencian un déficit cercano a los 30 billones de pesos para el presupuesto de 2027, además de millonarios compromisos derivados de obras inconclusas y obligaciones sin respaldo suficiente.
Las declaraciones fueron entregadas al finalizar las mesas técnicas desarrolladas entre el 8 y el 31 de julio, en las que participaron equipos del gobierno entrante y funcionarios de la Contraloría para revisar el estado de distintos sectores de la administración pública.
Restrepo señaló que uno de los principales hallazgos corresponde a la situación de las finanzas nacionales. Explicó que, de acuerdo con la información revisada, existe una “tronera fiscal” cercana a los 30 billones de pesos para el presupuesto de 2027, acompañada por un incremento en el servicio de la deuda, un bajo nivel de inversión pública y proyecciones de ingresos que, según indicó, fueron cuestionadas por el órgano de control.
A juicio del vicepresidente electo, este escenario obligará al nuevo gobierno a realizar importantes ajustes en el gasto público desde el inicio de su administración para recuperar el equilibrio de las cuentas del Estado.
Otro de los puntos que despertó preocupación fue el relacionado con los denominados “elefantes blancos”. Restrepo afirmó que la Contraloría identificó proyectos de infraestructura inconclusos que requerirían cerca de 54 billones de pesos para ser recuperados, además de obras consideradas irrecuperables por un valor aproximado de 214.000 millones de pesos.
Indicó que estas iniciativas representan un importante desafío para la nueva administración, que deberá evaluar cuáles proyectos pueden rescatarse y cuáles ya no cuentan con viabilidad técnica o financiera.
El vicepresidente electo también presentó observaciones sobre diferentes sectores estratégicos. En transporte aseguró que la ejecución presupuestal durante 2025 apenas alcanzó el 13 %, situación que, sumada a modificaciones contractuales y controversias jurídicas, podría generar reclamaciones fiscales cercanas a los 14 billones de pesos contra la Nación.
En el sector de minas y energía advirtió sobre un riesgo de liquidez derivado del atraso en el pago de subsidios de energía y gas. Según explicó, las obligaciones pendientes ascienden a 5,6 billones de pesos, de los cuales 2,9 billones corresponderían a Air-e. A ello se sumarían deudas cercanas a un billón de pesos con empresas distribuidoras de energía y otros 700.000 millones de pesos con distribuidoras de gas.
Restrepo sostuvo que esta situación podría comprometer la estabilidad del sistema energético en momentos en que el país enfrenta los efectos del fenómeno de El Niño. Asimismo, afirmó que únicamente estaría asegurado el 25 % de los recursos necesarios para cubrir los subsidios previstos durante este año, lo que obligará a realizar un esfuerzo fiscal adicional para garantizar su financiación.
En materia agraria, cuestionó el cumplimiento de la reforma rural impulsada por el gobierno saliente. Señaló que, de la meta de entregar 1,5 millones de hectáreas, solo se habría alcanzado un avance del 18 %, además de señalar que miles de familias aún no cuentan con títulos formalizados sobre los predios adjudicados.
También manifestó preocupación por la situación de los programas sociales. Indicó que el programa Adulto Mayor presentaría un faltante cercano a los 3,2 billones de pesos para garantizar su continuidad. Adicionalmente, afirmó que la Contraloría detectó irregularidades en la contratación de personal para atender programas dirigidos a la primera infancia, al considerar que parte del personal vinculado no cumpliría con los perfiles requeridos.
Por su parte, el vicecontralor Carlos Enrique Silgado aclaró que la información entregada durante las mesas técnicas corresponde a los resultados obtenidos por la Contraloría en desarrollo de sus funciones constitucionales de vigilancia y control fiscal.
El funcionario enfatizó que el informe tiene carácter estrictamente técnico, preventivo, objetivo e independiente, y que no responde a intereses políticos ni hace parte de la agenda de ningún gobierno. Según explicó, el propósito es suministrar al gobierno entrante un diagnóstico confiable sobre el estado de los recursos públicos para facilitar la toma de decisiones durante el inicio de la nueva administración.
Silgado concluyó que el documento constituye un insumo técnico elaborado dentro del ejercicio constitucional del órgano de control y busca contribuir a que el próximo gobierno adopte las medidas necesarias para responder a los principales desafíos fiscales y administrativos del país.
