El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar urgente contra el Decreto 182 de 2026, norma mediante la cual el Gobierno nacional buscaba reorganizar el sistema de Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país.
En su decisión, el juez advirtió que la aplicación del decreto podría generar traslados masivos de cerca de seis millones de usuarios, lo que concentraría una gran cantidad de afiliados en la Nueva EPS.
Según el análisis del tribunal, esta situación podría llevar a que Nueva EPS quede como única aseguradora en al menos 502 municipios, escenario que, de acuerdo con el despacho judicial, podría poner en riesgo el acceso al servicio de salud y el derecho a la libre elección de los pacientes.
La medida cautelar busca evitar posibles afectaciones al sistema mientras se estudia de fondo la legalidad del decreto, por lo que su aplicación quedaría suspendida de manera provisional hasta que avance el proceso judicial.
El caso ahora continuará en revisión dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, que deberá determinar si el Decreto 182 de 2026 se ajusta o no a la normativa vigente del sistema de salud en Colombia.
