La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes volverá a poner en marcha su trabajo tras permanecer paralizada desde el pasado 20 de julio por falta de recursos. La reactivación permitirá avanzar en más de 2.400 procesos contra altos funcionarios y exfuncionarios del Estado, entre ellos expresidentes, exmagistrados y exfiscales.
La noticia fue confirmada este martes 13 de octubre por el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien señaló que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, a través de las instancias administrativas de la Cámara, giró los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Comisión hasta finalizar el año.
Según Briceño, la falta de financiación mantuvo durante cerca de dos meses paralizada una de las instancias encargadas de investigar posibles conductas irregulares de altos dignatarios del Estado. Con la llegada de los recursos, los 17 representantes que integran la célula legislativa podrán avanzar en la contratación de asesores y abogados especializados en derecho penal y disciplinario.
El congresista indicó que la Comisión podría comenzar a sesionar esta misma semana o, a más tardar, la siguiente, para definir la ruta de varios expedientes acumulados.
Las investigaciones contra Gustavo Petro, entre los asuntos pendientes
Uno de los focos de atención será el conjunto de investigaciones que involucran al expresidente Gustavo Petro. De acuerdo con la información publicada por SEMANA, existen más de 200 procesos relacionados con el exmandatario pendientes de resolución en la Comisión.
Entre los expedientes de mayor interés está el relacionado con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022. El caso deberá ser evaluado por los nuevos investigadores, quienes tendrán que determinar los pasos procesales correspondientes.
La controversia ya había generado posiciones diferentes dentro de la Comisión. Según el reporte periodístico, dos de los tres congresistas que examinaron el expediente, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, consideraron que existían méritos para continuar la investigación. Alirio Uribe, integrante del Pacto Histórico, pidió una decisión inhibitoria.
La reactivación del organismo no implica que Petro haya sido declarado responsable de alguna irregularidad. Los expedientes deberán seguir su trámite y las decisiones tendrán que adoptarse con base en las pruebas y las reglas aplicables.
También deberán avanzar denuncias sobre presuntos perfilamientos del DNI
Otro asunto pendiente corresponde a las denuncias presentadas por el excontralor general Carlos Felipe Córdoba ante la Comisión y la Fiscalía, relacionadas con presuntos seguimientos y perfilamientos realizados por la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno Petro.
Las denuncias hacen referencia a publicaciones periodísticas que señalaron un supuesto uso del organismo de inteligencia para perfilar a críticos y opositores del Gobierno. Las afirmaciones deberán ser examinadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí solas, una conclusión judicial sobre los hechos denunciados.
La falta de recursos había afectado incluso la asignación de ponentes para algunos expedientes recientes. También existían asuntos en los que debía establecerse si los congresistas tenían impedimentos para participar en las decisiones.
El reto de recuperar el tiempo perdido
Con más de 2.400 investigaciones en su inventario, la Comisión enfrenta ahora el desafío de organizar sus prioridades, asignar responsables y dar impulso a procesos que permanecieron estancados por razones administrativas.
La reanudación de las sesiones permitirá conocer qué expedientes serán priorizados y qué decisiones se adoptarán sobre las investigaciones de mayor impacto público. La atención estará puesta tanto en los casos relacionados con Gustavo Petro como en las denuncias que involucran a otros altos funcionarios y exfuncionarios.
El desembolso de los recursos resuelve, al menos por ahora, el obstáculo financiero que frenó el trabajo de la Comisión. La efectividad de la reactivación dependerá de que el organismo convierta ese respaldo presupuestal en avances procesales verificables, sin que la relevancia política de los investigados sustituya el análisis de las pruebas ni las garantías del debido proceso.
