El presidente Abelardo De La Espriella anunció una ofensiva contra los denominados “delincuentes de cuello blanco” y ordenó revisar de inmediato la situación de personas privadas de la libertad por delitos de corrupción que permanecen recluidas en guarniciones militares o estaciones de Policía.
Durante una alocución transmitida a través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que su Gobierno no permitirá tratamientos especiales para quienes hayan cometido delitos contra la administración pública y sostuvo que la ley debe aplicarse sin importar el poder económico, político o las relaciones de los procesados.
De La Espriella impartió la instrucción de verificar cuáles personas privadas de la libertad permanecen en instalaciones diferentes a establecimientos penitenciarios sin cumplir las condiciones legales que permitan su permanencia allí y, cuando corresponda, proceder con su traslado a prisiones ordinarias.
“Se acabaron los privilegios para corruptos”, fue el mensaje central del mandatario, quien cuestionó que una condena por delitos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos pueda terminar convertida en una especie de “estadía privilegiada”.
“La cárcel no puede depender del apellido”
El presidente también rechazó la percepción de que quienes cometen delitos mientras ocupan cargos de poder o pertenecen a sectores privilegiados deban recibir un trato diferente al de otros delincuentes.
Según De La Espriella, quienes utilizan “saco y corbata” para cometer actos de corrupción no están por encima de la ley y las consecuencias de sus actuaciones terminan afectando directamente a millones de colombianos.
El mandatario sostuvo que el desvío de recursos públicos tiene efectos concretos sobre la población, al reducir los recursos disponibles para alimentación infantil, salud, educación, infraestructura y acceso al agua potable.
En ese sentido, insistió en que Colombia debe dejar atrás la idea de que el lugar de reclusión o el cumplimiento de una condena puede depender “del apellido, del cargo que se ocupó o de los contactos que se tengan”.
Gobierno anuncia mayor vigilancia al presupuesto
La ofensiva contra la corrupción también incluye medidas de prevención dentro de las entidades estatales.
El Gobierno avanza en la evaluación de 83 perfiles profesionales que podrían asumir jefaturas de control interno en diferentes entidades públicas. La intención, según lo anunciado por el Ejecutivo, es fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución presupuestal, identificar riesgos y detectar posibles irregularidades antes de que se conviertan en hechos de corrupción.
De La Espriella aseguró además que su administración continuará investigando las presuntas irregularidades relacionadas con el manejo presupuestal y las cifras fiscales heredadas del gobierno anterior.
El presidente afirmó que perseguirá “sin cuartel” a quienes resulten responsables de irregularidades y advirtió que el poder político no podrá utilizarse como mecanismo para evitar consecuencias judiciales.
“El poder no será un salvoconducto para la impunidad”
El anuncio hace parte de la estrategia que el Gobierno ha denominado “Presupuesto de la Verdad”, con el que pretende reorganizar las finanzas públicas para 2027, priorizar la inversión social y enfrentar el déficit fiscal.
Durante su alocución, el mandatario también presentó un balance sobre la situación económica que recibió su administración y cuestionó el nivel de endeudamiento y el manejo de los recursos públicos durante el gobierno anterior.
En materia de seguridad, De La Espriella destacó resultados contra estructuras criminales y reiteró otras de sus apuestas para enfrentar hechos de violencia, incluyendo su controvertida propuesta de intervenir ante actos vandálicos en universidades públicas.
Con la orden sobre los detenidos por corrupción, el Gobierno busca enviar un mensaje de endurecimiento frente a los delitos contra el erario: quienes sean privados de la libertad deberán cumplir las condiciones de reclusión establecidas por la ley, sin privilegios derivados de su posición social, política o económica.
