La Corte Suprema de Justicia acaba de abrir indagación previa contra el senador Iván Cepeda para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que se definió que sería el candidato de la colectividad para la Presidencia.
La campaña presidencial de Iván Cepeda vuelve a quedar bajo el escrutinio de la justicia. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador y excandidato presidencial para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025.
La decisión fue adoptada este lunes 14 de septiembre y contempla la práctica de pruebas y declaraciones para determinar qué ocurrió con algunos recursos reportados durante la campaña que llevó a Cepeda a convertirse en el candidato del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026.
¿Qué está revisando la Corte?
La investigación preliminar se concentra en cuestionamientos relacionados con la forma en que fueron registrados determinados recursos durante la consulta.
Entre los casos mencionados aparece un supuesto aporte de $116 millones realizado por Javier Antonio Pérez Páez, cifra que habría superado el límite permitido para las contribuciones de una persona natural.
También figura la empresa Samat Publicidad S.A.S., a la que se le atribuyó un aporte cercano a $609,3 millones, situación que generó cuestionamientos debido a las restricciones existentes para que empresas realicen donaciones a campañas presidenciales.
Sin embargo, existe un antecedente importante: el Consejo Nacional Electoral ya había revisado estos hechos y decidió no abrir una investigación administrativa contra Cepeda. Según lo establecido por el organismo electoral, el dinero relacionado con Samat Publicidad correspondía a un crédito derivado de servicios prestados para propaganda electoral e impresión de periódicos, y no a una donación.
Por esa razón, la actuación de la Corte Suprema representa ahora un nuevo escenario judicial, en el que se busca establecer si los recursos cuestionados fueron efectivamente créditos y pagos por servicios o si pudieron constituir aportes que desconocieran las normas de financiación electoral.
Indagación previa no significa responsabilidad
La apertura de esta actuación no significa que la Corte haya determinado que Iván Cepeda cometió un delito.
En esta etapa preliminar, los magistrados buscan recopilar elementos de juicio, escuchar declaraciones y practicar las pruebas necesarias para establecer si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia una eventual investigación formal.
El caso se remonta a la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, proceso en el que Cepeda obtuvo la victoria y quedó como candidato de la colectividad para las elecciones presidenciales de 2026.
Ahora, la Corte Suprema deberá determinar si las inconsistencias señaladas corresponden únicamente a asuntos contables y de reporte, como concluyó el CNE, o si existen elementos que permitan establecer eventuales responsabilidades de carácter penal.
La decisión abre así un nuevo frente judicial para Cepeda, quien actualmente ocupa una curul en el Senado, mientras la Corte avanza en la revisión de los recursos utilizados durante la consulta que definió su candidatura presidencial.
