Un cruce de comunicaciones que permanecía reservado habría dejado al descubierto las gestiones adelantadas durante el Gobierno de Gustavo Petro para buscar la liberación de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) secuestrados por el ELN en Arauca.
La información, revelada por una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo y recogida este miércoles por diferentes medios, señala que la guerrilla planteó intercambiar a los dos funcionarios por cuatro integrantes del ELN que permanecían privados de la libertad. Las conversaciones fueron tramitadas a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los funcionarios secuestrados son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes fueron interceptados el 8 de mayo de 2025 por integrantes del Frente de Guerra Oriental mientras se movilizaban en un vehículo oficial por la vía entre Fortul y Arauquita, en Arauca.
De acuerdo con los documentos conocidos, aproximadamente un mes después de la retención comenzaron los contactos destinados a encontrar una salida negociada al secuestro.
Los cuatro nombres que puso sobre la mesa el ELN
Una de las comunicaciones está fechada el 11 de junio de 2025. En ella, el ELN agradeció las gestiones realizadas por el Gobierno, la Fiscalía, Naciones Unidas y otros actores para intentar conseguir la liberación de los funcionarios.
Posteriormente, la organización armada planteó los nombres de cuatro de sus integrantes que pretendía recuperar mediante el eventual intercambio:
- José Rosely Cruz Laverde
- Ramiro Pulgarín Hernández, alias ‘El Burro’
- Joel Quintero Uribe, alias ‘Manteco’
- Fredy Buitrago Parada
Entre los solicitados se encontraba Ramiro Pulgarín Hernández, señalado por las autoridades como integrante del Frente de Guerra Oriental y capturado en 2021 en Saravena, Arauca. Según información atribuida a la Fiscalía, estaba relacionado con homicidios de integrantes de la Fuerza Pública y líderes sociales en Arauca, Boyacá y Casanare.
También figuraba Joel Quintero Uribe, alias ‘Manteco’, capturado en 2020 durante una operación militar en Arauquita y señalado por las autoridades como integrante del frente Domingo Laín Sáenz.
La propuesta fue analizada por la DNI
Las comunicaciones conocidas muestran que la propuesta no quedó únicamente en una solicitud del grupo armado. La Dirección Nacional de Inteligencia estudió las condiciones planteadas y respondió a los mensajes enviados por la guerrilla.
Según la información publicada sobre el intercambio de cartas, durante la dirección de Jorge Arturo Lemus se planteó que cualquier eventual mecanismo de alivio humanitario debía ajustarse a condiciones específicas y al Derecho Internacional Humanitario.
Entre las alternativas analizadas estaba la posibilidad de conceder beneficios a personas privadas de la libertad que cumplieran determinadas condiciones humanitarias, como padecer enfermedades graves o superar los 70 años. Al mismo tiempo, el Gobierno reclamó la liberación de los funcionarios secuestrados y exigió pruebas de supervivencia.
Las gestiones incluso habrían incluido una reunión presencial en Arauca con acompañamiento de organizaciones internacionales. Sin embargo, el eventual intercambio no llegó a concretarse.
La revisión de los perfiles de los cuatro integrantes cuya libertad reclamaba el ELN y las condiciones que rodeaban la propuesta terminaron frenando las conversaciones, según los reportes conocidos.
Un episodio que vuelve al debate sobre las negociaciones
La revelación de las cartas vuelve a poner bajo la lupa las gestiones de paz y los mecanismos humanitarios utilizados durante el Gobierno Petro para intentar conseguir la liberación de personas secuestradas por el ELN.
Los documentos permiten establecer que hubo comunicaciones entre representantes del Estado y la organización armada para explorar una salida al secuestro de los dos funcionarios del CTI. Sin embargo, las fuentes consultadas no muestran que el intercambio se hubiera concretado ni que los cuatro integrantes del ELN hubieran sido liberados como consecuencia de estas gestiones.
El caso también deja en evidencia la tensión que supone negociar la libertad de secuestrados cuando las exigencias de una organización armada incluyen beneficios para personas privadas de la libertad por delitos graves.
Mientras Pacheco Oviedo y López Estrada permanecen como las víctimas centrales de este episodio, las comunicaciones ahora conocidas se convierten en un nuevo elemento para reconstruir cómo fueron manejadas internamente las gestiones durante 2025 y cuáles fueron las razones por las que el eventual canje finalmente no prosperó.
