Los movimientos hacen parte de la reestructuración que se viene adelantando en la principal empresa estatal del país desde la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Hasta ahora, de acuerdo con el reporte, serían al menos cuatro los funcionarios cuya salida estaría relacionada directa o indirectamente con figuras políticas cercanas al petrismo. Sin embargo, el panorama resulta más complejo, pues algunos de ellos ya ocupaban sus cargos antes de la llegada del Gobierno de izquierda.
Hermano de Ariel Ávila, entre los casos
Uno de los nombres que aparece en el proceso es Leonardo Luis Ávila Martínez, hermano del senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde.
Ávila Martínez se desempeñaba como profesional integral de operación digital, nivel 17, en la Vicepresidencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecopetrol.
Según la información publicada, el funcionario ya fue notificado de su desvinculación, aunque el proceso todavía estaría en trámite debido a su condición de aforado sindical.
El reporte también señala que su remuneración anual rondaría los $542 millones.
También sale un yerno de Noemí Sanín
Otro de los casos mencionados es el de Vicente Fernando Echandía Roldán, quien sería yerno de la excanciller Noemí Sanín.
Echandía ocupaba el cargo de gerente general de Ecopetrol Ventures S. L., filial del Grupo Ecopetrol con domicilio en Madrid, España, anteriormente denominada Econova Technology & Innovation S. L.
De acuerdo con el reporte, también fue notificado de su desvinculación y tendría una remuneración aproximada de 157.970 euros.
¿Limpieza política o reestructuración?
La salida de estos funcionarios abre nuevamente la discusión sobre los criterios utilizados para realizar cambios de personal en las empresas estatales.
La administración de De La Espriella sostiene una apuesta por modificar estructuras heredadas y revisar el funcionamiento de entidades estratégicas. Sin embargo, el hecho de que entre los funcionarios que salen aparezcan familiares de dirigentes políticos podría alimentar el debate sobre si se trata exclusivamente de una reestructuración administrativa o si también existe una intención de desmontar redes de influencia construidas durante administraciones anteriores.
Al mismo tiempo, el caso de algunos trabajadores que ya estaban vinculados a Ecopetrol antes del Gobierno Petro introduce un elemento que deberá ser analizado: la relación familiar con un político no demuestra por sí misma que un funcionario haya obtenido su cargo por razones políticas ni que exista alguna irregularidad en su desempeño.
Por eso, la discusión no debería quedarse únicamente en los apellidos o vínculos familiares, sino también en las razones formales de cada desvinculación, los perfiles profesionales, los contratos laborales y los criterios utilizados por la nueva administración.
El remezón apenas comienza y podría extenderse a otras áreas de Ecopetrol, una empresa considerada estratégica para las finanzas públicas y para la política energética del país.
La gran pregunta ahora es si la nueva administración logrará demostrar que estos cambios responden a una reorganización basada en criterios técnicos y empresariales, o si terminarán convirtiéndose en otro capítulo de la tradicional disputa política por el control de las empresas del Estado.
