La Sala Plena de la Corte Constitucional fue convocada para el 25 de agosto de 2026, cuando deberá abordar varios asuntos pendientes relacionados con la Ley 2381 de 2024, cuyo trámite permanece suspendido desde junio de 2025. La discusión se adelantará con ocho magistrados, debido a las recusaciones aceptadas y a la participación del conjuez Carlos Pablo Márquez.
El principal escenario que se analiza es que la Corte determine si la reforma debe regresar a la Cámara de Representantes para corregir las irregularidades identificadas durante su aprobación. La ley había sido aprobada por el Senado y posteriormente avalada por la Cámara sin una nueva discusión del articulado, situación que llevó a la Corte a ordenar la corrección del procedimiento. La Cámara volvió a debatir y votar el proyecto en junio de 2025, pero desde entonces el alto tribunal no ha emitido una decisión definitiva.
La votación del 25 de agosto podría incluso terminar en un empate de cuatro votos contra cuatro. De ocurrir, sería necesario convocar a otro conjuez, lo que podría extender considerablemente la decisión: el nuevo integrante tendría un plazo para aceptar el encargo y, posteriormente, hasta un mes para estudiar el expediente antes de que la Sala vuelva a reunirse.
Mientras la Corte no resuelva de fondo el caso, la reforma pensional no ha entrado plenamente en funcionamiento y continúa vigente el régimen establecido por la Ley 100 de 1993. Así, la próxima sesión de la Sala Plena será determinante para establecer si la reforma estrella del gobierno Petro logra superar el último obstáculo judicial o debe regresar nuevamente al Congreso.
