En una ofensiva legislativa orientada a garantizar la efectividad en la prestación de los servicios de salud y frenar la negligencia administrativa en la entrega de insumos médicos, fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de norma denominado “Ley Kevin Acosta”. La iniciativa busca endurecer drásticamente las sanciones administrativas, financieras y disciplinarias contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que pongan en riesgo la vida de los usuarios por demoras o desabastecimiento injustificado en la distribución de tratamientos farmacológicos.
Garantía de derechos, respaldo de las familias e intransigencia ante las omisiones del sistema
Endurecimiento del régimen sancionatorio: El proyecto de ley plantea establecer mecanismos de sanción ejemplarizantes y de rápida ejecución para las EPS que dilaten la entrega de medicamentos esenciales, cerrando el margen a maniobras burocráticas que afecten a los pacientes más vulnerables.
Respaldo social y testimonio de las víctimas: La iniciativa cuenta con el apoyo de Yudi Caterine Pico, madre del niño Kevin Acosta, cuya tragedia inspiró la formulación del articulado. Durante la radicación, Pico instó a los legisladores a aprobar la medida para sentar un precedente definitivo: “Lo que le pasó al niño no quiero que le pase a ningún otro”.
Alineación con el control estatal y la transparencia: El espíritu del proyecto se suma a las directrices de la administración nacional para exigir responsabilidad institucional, auditoría al gasto en salud y estricto cumplimiento del deber de atención por parte de las entidades aseguradoras.
La radicación de la “Ley Kevin Acosta” marca un hito en la agenda legislativa para la protección de los usuarios del sistema de salud, reafirmando que la salud de los colombianos es un derecho fundamental irrenunciable y no un objeto de especulación administrativa.
