El Congreso de la República vuelve a quedar en el centro del debate por el costo de su funcionamiento. Esta vez, la discusión gira alrededor de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), los equipos que acompañan a senadores y representantes en la elaboración de proyectos, análisis de información y desarrollo de sus funciones parlamentarias.
El Centro Democrático presentó este jueves 10 de septiembre un proyecto de ley orgánica que propone reducir sustancialmente el tamaño y el costo de las UTL de los congresistas, bajo el argumento de que el Legislativo debe enviar una señal de austeridad en un momento de fuertes presiones sobre las finanzas públicas.
La iniciativa fue radicada por los congresistas Julia Correa Nuttin y Juan Fernando Caicedo y plantea una reducción del 50 % tanto en el número máximo de integrantes de estas unidades como en el límite presupuestal destinado a su funcionamiento.
De 10 integrantes a solo cinco
Actualmente, cada senador o representante puede conformar una Unidad de Trabajo Legislativo con hasta 10 integrantes.
El proyecto plantea reducir ese máximo a cinco personas por congresista.
La propuesta también contempla disminuir el límite presupuestal mensual de las UTL, pasando de 50 salarios mínimos a 25 salarios mínimos.
Según los autores, estas modificaciones permitirían reducir considerablemente el gasto que actualmente representa el funcionamiento de los equipos legislativos.
El Centro Democrático calcula que las UTL tienen actualmente un costo cercano a los $300.000 millones anuales para los 286 congresistas.
Con el recorte planteado, ese valor podría disminuir a aproximadamente $150.227 millones por año, lo que representaría un ahorro estimado cercano a los $150.000 millones anuales.
La propuesta, por tanto, no se limita a una reducción administrativa: busca abrir una discusión de fondo sobre cuánto debe costarle al Estado el funcionamiento de los equipos que respaldan a los congresistas.
Más asesores y menos asistentes
El proyecto también pretende modificar la composición de las UTL.
La iniciativa establece que al menos el 40 % del valor mensual asignado a cada unidad deberá corresponder a cargos de asesoría.
Además, por lo menos uno de los integrantes deberá contar con título profesional y tres años de experiencia.
Otra de las condiciones planteadas es que una UTL no pueda estar conformada exclusivamente por asistentes.
La intención, según los promotores, es que la reducción del número de funcionarios no termine afectando la calidad técnica del trabajo legislativo.
En otras palabras, la apuesta sería tener equipos más pequeños, pero con mayor capacidad profesional y técnica.
Transparencia: quieren saber quién trabaja para cada congresista
Uno de los componentes que podría generar mayor discusión es el relacionado con la transparencia.
El proyecto propone que tanto el Senado como la Cámara de Representantes publiquen mensualmente, en formatos abiertos, la información relacionada con cada UTL.
La ciudadanía podría consultar datos como:
- Nombre de cada integrante.
- Tipo de vinculación.
- Cargo desempeñado.
- Salario.
- Formación académica.
- Lugar donde desarrolla sus funciones.
La medida busca que los ciudadanos puedan conocer con mayor precisión quiénes integran los equipos de los congresistas, cuánto reciben y qué función cumplen.
Esto permitiría, además, ejercer un mayor control sobre los recursos públicos destinados al funcionamiento de las UTL.
Contra el nepotismo en el Congreso
La iniciativa también incorpora una disposición dirigida a impedir prácticas de nepotismo.
El proyecto plantea prohibir la contratación de familiares dentro de los grados establecidos en la iniciativa, así como de cónyuges o compañeros permanentes.
Este punto podría convertirse en uno de los aspectos más sensibles del debate parlamentario.
La contratación de familiares y personas cercanas en despachos políticos ha sido durante años motivo de cuestionamientos públicos, particularmente cuando se utilizan recursos estatales para vincular personas que tienen relaciones familiares con quienes ejercen cargos de poder.
Con esta propuesta, los autores buscan establecer una barrera legal para evitar que las UTL terminen convertidas en espacios de contratación basados en vínculos personales o familiares.
¿Austeridad o debilitamiento del Congreso?
El proyecto seguramente provocará posiciones encontradas.
Para sus impulsores, reducir las UTL representa una medida necesaria de austeridad y eficiencia en momentos en que el Estado enfrenta restricciones fiscales y necesita revisar sus gastos.
Pero también podría aparecer el argumento contrario: que reducir de 10 a cinco integrantes los equipos de los congresistas podría afectar la capacidad técnica de los legisladores para estudiar proyectos, elaborar iniciativas, revisar documentos y ejercer control político.
El debate, por tanto, no debería limitarse únicamente a cuánto dinero se ahorra.
La pregunta de fondo será si el Congreso puede trabajar con equipos más pequeños sin sacrificar la calidad de su labor legislativa.
Una señal política en medio de las dificultades fiscales
Los autores de la iniciativa consideran que el Congreso debe comenzar por dar ejemplo.
La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno y diferentes sectores políticos han advertido sobre las dificultades que atraviesan las finanzas públicas y la necesidad de buscar mecanismos para reducir gastos.
Desde esa perspectiva, los promotores consideran que el Legislativo no puede exigir austeridad a otras entidades del Estado mientras mantiene estructuras que, a su juicio, podrían ser optimizadas.
El ahorro proyectado de $150.000 millones al año se convierte así en uno de los principales argumentos para defender la iniciativa.
Pero el proyecto también plantea un mensaje político más amplio: la austeridad, según sus autores, debería comenzar también dentro del Congreso.
El proyecto apenas comienza su recorrido
La iniciativa todavía deberá superar el trámite correspondiente en el Congreso de la República.
Por tratarse de un proyecto de ley orgánica, tendrá que cumplir las etapas legislativas establecidas antes de convertirse eventualmente en una norma vigente.
Durante ese proceso se conocerán las posiciones de las diferentes bancadas y, especialmente, de los propios congresistas, cuyos equipos de trabajo serían directamente afectados por la reforma.
La discusión podría dividir al Legislativo entre quienes consideran indispensable reducir el gasto y quienes defienden la necesidad de mantener equipos amplios para garantizar el trabajo parlamentario.
Por ahora, la propuesta del Centro Democrático ya puso nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda:
¿Cuánto debe gastar el Estado para mantener las estructuras de trabajo de los congresistas y hasta dónde debe llegar la austeridad dentro del Capitolio Nacional?
Con una reducción de 10 a cinco integrantes por UTL, un recorte presupuestal de 50 a 25 salarios mínimos, nuevas exigencias profesionales, publicación mensual de información y restricciones al nepotismo, la iniciativa pretende cambiar de manera sustancial el funcionamiento de los equipos legislativos.
Ahora el balón queda en la cancha del Congreso.
La reforma busca ahorrar $150.000 millones al año, pero su verdadero desafío será demostrar que menos burocracia puede significar más eficiencia, más transparencia y un Congreso capaz de rendir cuentas por cada peso público que utiliza.
