La Procuraduría General de la Nación detectó serias irregularidades en el proceso mediante el cual la Imprenta Nacional respaldó el convenio entre la Cancillería y el Gobierno de Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes.
Durante una visita oficial, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública evidenció respuestas contradictorias y poco claras por parte de funcionarios de la Imprenta, así como la ausencia de estudios técnicos y financieros que sustentaran la necesidad del acuerdo.
El informe advierte, por ejemplo, que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036, por más de 1,3 billones de pesos, sin contar con la autorización del CONFIS ni con un documento CONPES, como exige la normativa presupuestal.
Además, no se presentaron a la Junta Directiva los cálculos ni procedimientos utilizados para estimar el valor del contrato. Tampoco se encontraron actas ni firmas de las sesiones que debieron celebrarse previamente a la suscripción del acuerdo.
La gerente de la Imprenta Nacional no ofreció respuestas satisfactorias ante los cuestionamientos del ente de control, lo que refuerza las preocupaciones por una posible improvisación en el proceso.
La Procuraduría advirtió que esta situación podría poner en riesgo la expedición oportuna de pasaportes y afectar directamente los derechos de los ciudadanos colombianos.
