La Procuraduría General de la Nación expresa su más enérgico rechazo frente a los recientes accidentes por minas antipersonal registrados en el Bajo Cauca antioqueño y la región del Catatumbo, incluyendo el lamentable hecho reportado en el municipio de Tibú. El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las Minas Antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados.
Estos acontecimientos generan una profunda preocupación para la Institución, en tanto constituyen una sistemática violación de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Tal como lo evidencian las cifras del primer trimestre de 2026, estas regiones concentran el mayor número de víctimas a nivel nacional, dejando al descubierto una táctica criminal de control territorial que impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la Fuerza Pública, convirtiéndose en un grave obstáculo para la implementación del Acuerdo de Paz.
Al respecto, el Ministerio Público hace un urgente llamado al Gobierno Nacional para que retome y garantice el control territorial efectivo en estas zonas. Asimismo, requiere al Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, en articulación con las alcaldías y gobernaciones, para que implementen de inmediato actividades de Educación en el Riesgo de Artefactos Explosivos y aseguren la aplicación estricta de la ruta de Asistencia Integral a Víctimas, garantizando la evacuación, extracción, atención prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de los afectados.
La Procuraduría hace un llamado a prevenir estas graves violaciones a los derechos de la población civil y de la Fuerza Pública, y reitera que continuará adelantando labores permanentes de monitoreo frente a la situación humanitaria en el país. En este sentido, la Entidad mantendrá su estricta vigilancia preventiva sobre las autoridades responsables de la implementación de la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con el propósito de asegurar una respuesta estatal oportuna, la protección de la población y las garantías de no repetición.
