- Envió un concepto ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de una acción de cumplimiento promovida por la Fundación para el Estado de Derecho
- También se pronunció sobre una prueba sobreviniente de MinHacienda que no estaba disponible al momento de la demanda
- Subrayó la falta de garantía de recursos para el resto de 2025 y solicitó medidas urgentes para proteger el servicio a los estratos 1, 2 y 3
- Pidió a continuar con las mesas de diálogo sectoriales con participación de los entes de control.
La Procuraduría General de la Nación presentó un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de una acción de cumplimiento, en el cual se solicita ordenar el pago inmediato de los subsidios de energía eléctrica y gas natural ya reconocidos por actos administrativos y respaldados con recursos en el Presupuesto General de la Nación.
El informe detalla el grave incumplimiento en el pago de subsidios de energía eléctrica y gas natural a empresas comercializadoras, lo que ha generado una crítica situación financiera para las empresas del sector, con el riesgo de un aumento en las tarifas de hasta un 150%, o incluso la suspensión del servicio.
Así mismo, el ente de control se pronunció frente a la prueba sobreviniente presentada por el Ministerio de Hacienda, advirtiendo que aunque se asignaron recursos para mayo de 2025, no hay garantía de que se asegure la disponibilidad de recursos para el resto del año (de mayo a diciembre de 2025).
Para el Ministerio Público esta situación podría derivar en una crisis sistémica en la prestación del servicio público, especialmente para los estratos 1, 2 y 3, solicitando al Tribunal ordenar el pago inmediato de los valores reconocidos. También, propuso que se defina un cronograma de pago para las obligaciones aún no saldadas, a fin de garantizar el flujo de recursos a las empresas comercializadoras y asegurar la sostenibilidad del sistema.
Finalmente, el ente de control insistió en que los pagos reclamados ya fueron reconocidos oficialmente, por lo que no hay justificación legal ni financiera para seguir postergando su desembolso.
