La Procuraduría General de la Nación logró que la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, acordaran un mecanismo interinstitucional para agilizar el traslado de las personas privadas de la libertad, ya condenadas, que se encuentran en Centros de Detención Transitoria, CDT, a los Establecimientos de Reclusión en todo el país.
El encuentro, convocado por la delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, se dio en el marco del seguimiento que hace la Procuraduría al estado de cosas inconstitucional con respecto a la situación carcelaria en el país, decretado por la Corte Constitucional.
Actualmente hay 20.940 PPL en los diferentes CDT del país, ubicados en estaciones de Policía y URI de la Fiscalía, cuya capacidad total suma 9.681 cupos, lo que equivale a un hacinamiento de 116%.
En estos CDT, se encuentran 1.424 PPL condenados. La Policía alertó que 193 de ellos, han permanecido allí por más de 690 días sin que se haya resuelto su establecimiento definitivo de reclusión.
Entre los compromisos adquiridos el INPEC y la Policía Nacional, están que, de manera articulada, van a establecer un cronograma interinstitucional de traslados, lo que incluye acordar temas operativos, logísticos y de seguridad para ejecutarlos y el mecanismo de seguimiento y verificación interinstitucional que se utilizará para garantizarlos.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, reconoció los esfuerzos adelantados por el INPEC y la Policía para cumplir con las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y aseguró que el Ministerio Público continuará realizando de manera permanente el seguimiento para la garantía del respeto por los derechos humanos de la población privada de la libertad.
