La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Aeronáutica Civil por presuntas deficiencias en la ejecución de un contrato para adquirir, instalar y poner en funcionamiento Sistemas de Comunicaciones de Voz (VCS) en 18 aeropuertos del país.
Los investigados son los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, así como Carlos Uriel Barragán Mina, quien se desempeñó como secretario de Servicios a la Navegación Aérea entre 2023 y 2026.
El organismo de control busca establecer si durante la gestión contractual se presentaron fallas administrativas relacionadas con la autorización de viajes al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en las instalaciones del fabricante extranjero.
Las pruebas técnicas, en el centro de la investigación
Según la información conocida, las verificaciones presenciales debían realizarse antes del envío de los sistemas a Colombia y de su posterior instalación en los aeropuertos incluidos en el contrato.
La Procuraduría examina presuntas deficiencias en la gestión necesaria para autorizar los desplazamientos de los funcionarios responsables de esa supervisión. La situación podría haber impedido que se efectuaran las comprobaciones previstas para revisar el funcionamiento y la calidad de los equipos antes de su entrega.
El ente de control advirtió que la falta de estas verificaciones podría comprometer tanto el control de calidad previo al envío como la capacitación del personal de Aerocivil, actividades contempladas en las obligaciones contractuales.
Los sistemas VCS son utilizados para las comunicaciones de voz asociadas a los servicios de navegación aérea, por lo que su adquisición, instalación y puesta en servicio requieren controles técnicos que permitan comprobar su funcionamiento.
¿Qué busca establecer la Procuraduría?
La investigación disciplinaria deberá determinar si los tres exfuncionarios incurrieron en posibles faltas relacionadas con sus responsabilidades y actuaciones durante el desarrollo del contrato.
La apertura de la investigación no significa que los investigados sean responsables de las presuntas irregularidades. Corresponde al organismo de control recaudar pruebas, establecer las circunstancias de los hechos y determinar si hay mérito para formular cargos o adoptar otra decisión.
El caso pone bajo revisión los procedimientos de supervisión de una contratación destinada a fortalecer las comunicaciones en 18 aeropuertos colombianos. El avance de la actuación permitirá conocer si las pruebas técnicas y la capacitación se ejecutaron conforme a lo pactado y qué consecuencias tuvieron las posibles omisiones detectadas.
