Los testimonios del representante de Odebretch, Eleuberto Martorelli fueron clave para determinar su culpabilidad.
La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos, funciones públicas o contratar con el Estado y multó con $50.5 millones al gerente de la campaña Juan Manuel Santos Presidente, José Roberto Prieto Uribe, tras haber probado la falsedad en el informe de ingresos y gastos de la campaña entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En dicho informe, Roberto Prieto aseguró que no se recibieron contribuciones o donaciones de particulares ni ayudas en especie, presentando este rubro contable en ceros; sin embargo, en su investigación, el Ministerio Público logró probar que la campaña fue destinataria de una donación en especie proveniente de la constructora brasilera Norberto Odebretch S. A. Sucursal Colombia, que consistió en contratar con la firma Paddington Ventures Límited Corp, estudios de opinión de naturaleza electoral por un millón de dólares (US$ 1.000.000).
La Procuraduría también pudo determinar que dichos estudios se realizaron durante seis meses de 2014 y su objeto era hacer seguimiento a la evolución de imagen y el estado perceptual frente a la opinión pública de los posibles candidatos presidenciales de Colombia.
Otra de las pruebas relacionadas por el Ministerio Público en su fallo de primera instancia, fueron las diferentes declaraciones entregadas por el representante de Odebretch, Eleuberto Martorelli, a Procuraduría y Fiscalía, cuyas afirmaciones coinciden en señalar que, “de la formulación de la propuesta del señor Luis Peña (representante de la firma Paddington Ventures Límited Corp) entendió que la empresa Odebretch estaba siendo requerida por la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos para financiar un estudio de opinión cuyos resultados indicaran la evaluación de diferentes escenarios con los candidatos presidenciales”.
Y aunque Martorelli aseguró en dichas declaraciones no tener certeza sobre el destino final del estudio entregado por la empresa de marketing político, la Procuraduría logró probar, mediante un profundo análisis de los documentos en que se plasmaron los resultados, que estos estaban dirigidos específicamente a la campaña Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018.
“De esta manera se puede concluir que los estudios de opinión su estaban destinados a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos 2014-2018, convirtiéndose de esta manera en una donación en especie que entregaba información respecto al escenario electoral del momento(…) Al estar probado lo anterior, no encuentra duda el Despacho en que en el informe suscrito el 25 de junio de 2014 por el señor Prieto Uribe, en su condición de gerente de la campaña, se consignó una falsedad al indicarse que no se habían recibido contribuciones o donaciones de particulares, ni ayudas en especie valoradas a su precio comercial”, se asegura en el fallo.
