La Procuraduría General de la Nación formuló un requerimiento preventivo a los alcaldes de los municipios del Tolima y al secretario de Tránsito y Transporte del departamento, con el propósito de que garanticen el adecuado ejercicio de las funciones de policía judicial por parte de las autoridades de tránsito durante la atención de siniestros viales.
La intervención del Ministerio Público se originó en dificultades identificadas en algunos municipios para disponer de manera oportuna de personal habilitado cuando un accidente de tránsito pueda revestir características de una infracción penal.
La Procuraduría advirtió que las primeras actuaciones realizadas en el lugar de un siniestro pueden resultar determinantes para preservar los elementos materiales probatorios, garantizar su correcta cadena de custodia y facilitar el posterior esclarecimiento de lo ocurrido.
En ese sentido, recordó que las autoridades de tránsito ejercen funciones permanentes de policía judicial dentro del ámbito de sus competencias, por lo que deben contar con personal disponible y debidamente preparado para intervenir en este tipo de situaciones, especialmente cuando el hecho deja personas lesionadas o víctimas mortales.
El organismo de control solicitó a las administraciones municipales entregar información relacionada con los protocolos implementados para atender accidentes de tránsito, las capacitaciones realizadas al personal y los mecanismos de coordinación existentes entre las distintas autoridades.
Además, pidió precisar qué medidas serán adoptadas cuando las capacidades institucionales resulten insuficientes para responder adecuadamente ante estos casos.
La Procuraduría señaló que el objetivo del requerimiento es prevenir fallas en la atención de los siniestros, proteger los derechos de las víctimas y sus familias y reducir el riesgo de que elementos relevantes para las investigaciones puedan perderse o no sean manejados conforme a los procedimientos establecidos.
