La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la convocatoria de una segunda mesa técnica preventiva para analizar el proyecto de decreto que adelanta el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), relacionado con las inversiones de los fondos de pensiones.
La decisión se adopta en ejercicio de la función preventiva del Ministerio Público y como parte del seguimiento institucional que se viene realizando al proyecto normativo. La convocatoria es liderada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, en conjunto con la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
Esta nueva mesa técnica da continuidad a una primera sesión en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como sus posibles impactos económicos y sociales. La Procuraduría aclaró que su actuación se desarrolla en un escenario técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervenir ni sustituir las competencias de las autoridades regulatorias.
Durante el seguimiento, las procuradurías delegadas advirtieron la necesidad de profundizar el análisis del proyecto, especialmente en lo relacionado con los riesgos de mercado y de reinversión, los posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, así como la capacidad del mercado local para absorber los cambios propuestos.
Igualmente, se evaluará el impacto de la iniciativa en la estabilidad del sistema financiero y en la protección del ahorro pensional, aspectos considerados clave para la confianza de los afiliados.
La segunda mesa técnica preventiva se llevará a cabo el martes 20 de enero de 2026 y contará con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos, con el propósito de anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación interinstitucional.
Este seguimiento preventivo se sustenta, entre otras normas, en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011, y reafirma el compromiso de la Procuraduría General de la Nación con la protección del ahorro pensional y la confianza en el sistema.
