La Procuraduría General de la Nación acompañará la inspección judicial ordenada por la Corte Constitucional para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos de las niñas y niños Wayuu al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la participación.
En el seguimiento a la sentencia, el Ministerio Público ha advertido ante el Alto Tribunal Constitucional, la necesidad de fortalecer la articulación de las entidades responsables y ha liderado acciones en el territorio disperso de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, para acercar servicios de salud, educación, seguridad alimentaria e identificación a las comunidades.
A la fecha, estas acciones del ente de control y desarrolladas con entidades del orden nacional y territorial, han permitido la atención de más de 3.200 niñas y niños. El ente de control continuará durante la presente vigencia impulsando el cumplimiento de la sentencia y la garantía efectiva de los derechos de la niñez de esta población.
