La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, alertó sobre una deficiente gestión presupuestal en los procesos de compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues de los recursos disponibles, que ascienden a un billón 261 mil millones de pesos, solo se ha ejecutado el 33 %, lo que generó que el porcentaje restante, equivalente a 645 mil millones de pesos, fuera trasladado al Fondo Colombia en Paz sin ser ejecutado.
Así lo sostuvo la jefe del órgano de control durante la sesión técnica de evaluación al cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en la sentencia sobre ejecución de la política de tierras (SU – 288 de 2022), realizada este lunes ante los magistrados de ese alto tribunal.
En su intervención, la jefe del órgano de control resaltó la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria porque es un avance en el desarrollo de la reforma rural integral, aunque señaló que se requiere asignar a los jueces agrarios competencias claras y específicas que justifiquen la existencia de reglas y principios diferenciales propios de una jurisdicción.
Catastro multipropósito: lejos de las metas
Con relación a la implementación del catastro multipropósito, indicó que solo se ha actualizado el 12,4 % del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que muestra que se está muy lejos de la meta del 70 % de todo el territorio nacional, pues de 598 municipios proyectados, solo 141 cuentan con catastro, lo que es insuficiente.
Precisó que, aunque el Fondo de Tierras señala que cuenta con 2’366.550 hectáreas, esa cifra incluye terrenos sin caracterización adecuada, carece de claridad en la identificación de las fuentes y naturaleza de los predios y no cuenta con una delimitación precisa que indique cuáles están destinados a la adjudicación y cuáles a la formalización. “Bajo un criterio estricto, los predios libres de ocupación representarían apenas un avance de 0.001 %”, sostuvo la procuradora General en su intervención.
Sobre el sistema de registro señaló que, a la fecha, de los casi seis millones de registros que están relacionados en el sistema antiguo, solo el 21 % han sido migrados a las nuevas plataformas.
Finalmente, la Procuradora General puntualizó que se ha incrementado la intervención de los procuradores judiciales en los procesos de clarificación de la propiedad, y agregó que a partir de la orden impartida por la Corte Constitucional en su sentencia SU – 288 de 2022 se consolidó una base de datos con 1.132 procesos registrados en este segundo semestre del año.
