Desde la Asamblea Nacional de Personeros en Barranquilla, el jefe del órgano de control ratificó que el procurador delegado objetó el fallo para que se evalúen otras posibles conductas punibles en el fraude de títulos.
Durante su intervención en la Asamblea Nacional de Personeros celebrada en Barranquilla, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que la representación del Ministerio Público apeló formalmente la condena proferida contra Juliana Guerrero, exfuncionaria de la administración saliente de Gustavo Petro.
Pese a que la procesada había pactado un principio de oportunidad y aceptado cargos por la presentación de títulos académicos falsos expedidos por la Fundación San José —con los que pretendió posesionarse en el Viceministerio de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad—, el procurador delegado asignado al caso solicitó a las instancias judiciales examinar la configuración de un delito adicional no contemplado en el preacuerdo inicial. Eljach enfatizó que el delegado actuó bajo plena autonomía e independencia funcional.
Alcance de las sanciones e implicaciones legales
La sentencia contra Guerrero no contempla privación de la libertad en establecimiento carcelario ni prisión domiciliaria, pero fija estrictas medidas punitivas:
Sanciones pecuniarias y administrativas: El juez del caso ordenó el pago de una multa superior a los 175 millones de pesos a favor del Erario Público, además de inhabilidades administrativas durante el tiempo estipulado en el fallo.
Evaluación del juez de segunda instancia: La apelación de la Procuraduría deja en manos del despacho judicial competente la determinación de si se reabre el espectro de imputación penal por otros tipos delictivos cometidos durante la adulteración y uso de la documentación académica.
