Se evidenció una alta concentración de proyectos en fondos mixtos, que podría generar un riesgo para la ejecución eficiente de esos recursos.
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, pidió al Gobierno Nacional emitir una reglamentación integral y adecuada que actualice los criterios establecidos para designar las entidades autorizadas para ejecutar los recursos del Sistema General de Regalías -SGR-.
Así lo solicitó el jefe del Ministerio Público luego de evidenciar un incremento ostensible en la asignación de entidades descentralizadas indirectas como ejecutoras de esos recursos, específicamente los denominados fondos mixtos, que a octubre del 2024 tenían a su cargo 744 proyectos de inversión por 2,6 billones de pesos.
Esa alta concentración de recursos en esas entidades podría generar un riesgo para la ejecución eficiente y eficaz de los proyectos, razón por la cual el Procurador General emitió la circular 005 de julio de este año, en la que advirtió que los criterios de selección deben ser objetivos y verificables, en especial cuando el designado sea un fondo mixto.
La circular es producto de un monitoreo a la designación de los ejecutores de esos proyectos por parte de la delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, que evidenció, entre otras inconsistencias, fallas en la planeación contractual, ejecución en condiciones diferentes a las aprobadas inicialmente, falencias en las labores de supervisión e interventoría y retrasos en la ejecución.
Para el órgano de control, los hallazgos realizados “generaron una preocupación sobre la capacidad jurídica, técnica y financiera de los fondos mixtos para ser ejecutores de los recursos del SGR. Por esa razón, el Gobierno nacional, la Comisión Rectora del SGR y su secretaría técnica, representada en el Departamento Nacional de Planeación, deben enfocarse en establecer criterios objetivos y verificables para la selección de los fondos mixtos como ejecutores, con el propósito de que sus capacidades permitan la correcta ejecución de los recursos públicos para beneficio de las comunidades”.
