En actuación especial de fiscalización realizada durante el segundo semestre de 2024, la Contraloría General de la República estableció hallazgos fiscales por $160 mil millones, por presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), específicamente en el proceso de adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral (RRI). La entidad dio a conocer la información ayer.
Analizaron 205 predios, seis de los cuales corresponden al departamento de Sucre en las subregiones de la Mojana, el San Jorge y Golfo de Morrosquillo, en los municipios de Majagual, San Marcos y San Antonio de Palmito.
Las irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos comprometen la eficacia de la Reforma Rural Integral del gobierno de Gustavo Petro y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a las comunidades campesinas y étnicas beneficiarias.
En varios casos, los predios adquiridos no fueron entregados de manera oportuna, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales, tal es el caso de las fincas Simba, Potosí y Laguna en el municipio de San Antonio de Palmito.
Según los datos analizados, solo el 18,5% de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido transferidos oficialmente y registrados en el folio de matrícula.
Y es que, según informó la Contraloría se identificaron adquisiciones de predios que presentan suelos clasificados como clase VII, lo que los hace inadecuados para cultivos y ganadería debido a sus severas limitaciones.
El ejemplo más claro en este sentido es el predio Santa Fe, ubicado en la vereda Miraflores, del municipio de Majagual, el cual no sería apto, según la denuncia de los campesinos, para cultivar.
Algunos de estos predios presentan humedales en un 30% de su superficie, lo que agrava aún más su viabilidad para ser utilizados en actividades agropecuarias. Estas adquisiciones no cumplen con los requisitos para ser aptas para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral, lo que pone en riesgo el buen uso de los recursos públicos destinados a estas poblaciones
Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que genera costos adicionales para la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por el mantenimiento de tierras ya adquiridas, pero no entregadas.
