Un cruce de comunicaciones se registró en la Procuraduría General de la Nación en medio de la investigación por los retrasos en la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia.
En una carta del 24 de junio de 2025, la Embajada de Portugal expresó su inconformidad con el avance del proyecto, indicando que, a pesar de reuniones sostenidas con la Cancillería en marzo, no se lograron los progresos esperados. Señalaron que se mantienen disponibles para avanzar en el proceso, pero que hasta ahora no han sido incluidos en discusiones estratégicas, y solicitaron claridad sobre las condiciones para la firma del convenio.
Por su parte, en una carta fechada el 7 de julio de 2025, la Cancillería, bajo la dirección de Laura Sarabia, expuso que los retrasos se debieron a que la aprobación formal del Gobierno de Portugal, prevista para diciembre de 2024, solo se otorgó a finales de febrero de 2025, lo que afectó los tiempos del proyecto y limitó la estructuración oportuna de un proceso contractual.
La Cancillería señaló que se conformó un equipo para coordinar los aspectos técnicos, jurídicos y presupuestales, el cual sesionó en seis ocasiones entre abril y junio, concluyendo que no existían las condiciones materiales ni financieras para adelantar el convenio en ese momento.
Asimismo, indicaron que, por instrucción del presidente de la República, el proceso de expedición de pasaportes quedará en manos de la Imprenta Nacional, planteando tres posibles vías para continuar: un convenio directo entre la Imprenta y la Cancillería con apoyo de la Casa de Moneda de Portugal, una licitación pública que permita la transferencia de conocimiento a la Imprenta, o la declaratoria de urgencia manifiesta, aunque esta última opción fue descartada por el Ejecutivo.
El Ministerio Público continúa recopilando información para establecer responsabilidades frente a este proceso que busca garantizar la modernización del sistema de expedición de pasaportes en el país.
