El Gobierno Nacional denunció presuntos hechos de intimidación contra Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y pidió a las autoridades investigar si estos episodios tienen relación con las denuncias que el funcionario hizo en el Congreso sobre una supuesta red de contratación irregular de mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.
Según un comunicado de Presidencia, pocos días después de que Ríos expusiera el caso ante el Senado, tres personas fueron encontradas dentro de su vivienda. Los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades competentes. El Gobierno indicó que tendrían antecedentes por delitos como homicidio y hurto agravado.
El documento también reportó otro episodio de presunta intimidación cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos del funcionario. Allí habría sido vista una persona que se retiró cuando llegó la Policía. Hasta el momento, no habría sido identificada.
La denuncia de los 48 contratos
La situación tiene como antecedente las declaraciones que Carlos Ríos realizó a finales de octubre ante el Senado, cuando anunció que llevaría ante las autoridades información relacionada con 48 mujeres que supuestamente habrían sido vinculadas a la Presidencia mediante contratos de prestación de servicios durante la administración Petro.
El funcionario sostuvo que algunas de esas contrataciones habrían sido utilizadas para facilitar encuentros íntimos con el entonces presidente Gustavo Petro. Sus afirmaciones dieron origen a la controversia conocida públicamente como el escándalo de los ‘sexocontratos’.
Se trata de señalamientos que deberán ser verificados por las autoridades judiciales y que, hasta ahora, no constituyen hechos probados.
Fiscalía investiga las presuntas irregularidades
La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar sobre las denuncias. Dentro de las actuaciones anunciadas se encuentran las citaciones a declarar de Carlos Ríos y de las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de inspecciones a la entidad para revisar la documentación contractual.
El Gobierno manifestó su solidaridad con el director del Dapre y su familia, y solicitó que se establezca con prontitud quiénes estarían detrás de las intimidaciones y si existe alguna conexión con las denuncias sobre la contratación de mujeres.
También aseguró que garantizará las medidas de protección necesarias para preservar la integridad del funcionario y sus familiares.
Testigo del caso se quedó sin abogado
En medio de este escándalo también se conoció la renuncia del abogado Felipe Caballero, quien representaba a Deicy Jiménez, una de las mujeres que ha entregado información sobre los presuntos contratos.
Jiménez ratificó sus señalamientos ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre, durante una diligencia que se extendió por aproximadamente tres horas y media. En esa oportunidad se comprometió a entregar su teléfono celular para que las autoridades judiciales examinaran información que podría servir como material probatorio.
Sin embargo, Caballero decidió apartarse de la defensa por motivos de seguridad. La renuncia impidió que Jiménez compareciera a una diligencia que tenía prevista ante la Fiscalía este martes.
El abogado también había advertido sobre presuntos hostigamientos contra integrantes de su familia y situaciones que, según sus declaraciones, buscaban afectar la credibilidad de su representada.
El caso reúne dos asuntos que ahora requieren esclarecimiento judicial: las denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno anterior y las intimidaciones reportadas contra personas relacionadas con la investigación. La Fiscalía tendrá que determinar la veracidad de los señalamientos, establecer eventuales responsabilidades y esclarecer si existe alguna relación entre ambos episodios.
