Las alertas emitidas por la Procuraduría General de la Nación llevaron al Instituto Nacional de Cancerología a cancelar la licitación mediante la cual pretendía contratar servicios de ferretería y adecuaciones menores.
En el marco de sus acciones preventivas y de seguimiento, el Ministerio Público advirtió posibles irregularidades que comprometían principios esenciales de la contratación estatal, como la transparencia, la selección objetiva y la adecuada planeación.
Entre las observaciones realizadas, la Procuraduría señaló la ausencia de fechas definidas en el cronograma para las etapas de evaluación y adjudicación, el desconocimiento del deber de contratar a través del Acuerdo Marco de Precios (AMP), y la falta de una planificación técnica y jurídica sólida.
Adicionalmente, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que el contratista propuesto había sido seleccionado en años anteriores para prestar el mismo servicio, lo que subraya la necesidad de garantizar procesos abiertos que fomenten la libre competencia y la objetividad en la selección.
