Una nueva controversia rodea el manejo de los presos de alta peligrosidad en Colombia, tras conocerse información sobre el presunto ingreso de cirujanos plásticos y equipos médicos a un centro penitenciario para realizarle un procedimiento estético a alias Pichi, condenado a 52 años de prisión.
Los hechos habrían ocurrido en mayo pasado, durante el gobierno de Gustavo Petro. La información apunta a que especialistas y equipos quirúrgicos habrían ingresado al establecimiento carcelario para atender al interno.
El caso abre interrogantes sobre las autorizaciones que habrían permitido el ingreso del personal médico, la naturaleza del procedimiento y los controles aplicados por las autoridades penitenciarias para atender a un condenado considerado de alta peligrosidad.
Hasta el momento, la información suministrada no incluye una explicación oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), del Ministerio de Justicia ni de las directivas del establecimiento sobre las circunstancias en que se habría realizado el procedimiento.
Tampoco se conocen detalles suficientes para establecer si se trató de una intervención con justificación médica, de un procedimiento estrictamente estético o qué funcionarios habrían autorizado su realización.
La controversia se suma al debate sobre los controles dentro de las cárceles colombianas y el trato que reciben los internos condenados por delitos graves. Para determinar posibles irregularidades, será necesario conocer los registros de ingreso, las autorizaciones médicas y administrativas y la versión de las autoridades responsables.
Por ahora, los hechos deben tratarse como una denuncia pendiente de aclaración oficial. La información disponible no permite concluir que se haya cometido una falta disciplinaria o un delito, ni establecer responsabilidades individuales.
