El Instituto Anticorrupción, a través de su director Camilo Enciso, elevó una solicitud formal al Gobierno de los Estados Unidos para que evalúe la inclusión del empresario y contratista Euclides Torres en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La petición se fundamenta en los alcances de la Ley Global Magnitsky y se produce tras la reciente revocatoria de la visa estadounidense a Torres, señalándolo como pieza clave en entramados de corrupción pública y financiamiento irregular de campañas de la administración de Gustavo Petro.
Financiamiento de campañas, millonaria contratación y nexos políticos
Revisión bajo la Ley Global Magnitsky: La solicitud pide a la administración estadounidense examinar las actuaciones de Torres bajo el marco legal que permite congelar bienes y sancionar financieramente a personas e instituciones implicadas en corrupción a gran escala o abusos de poder.
Financiación de actividades políticas: El documento resalta la participación de Torres en el financiamiento de la campaña presidencial de 2022 y de candidatos al Congreso, incluyendo la logística proselitista y eventos en la región Caribe revelados previamente por la justicia.
Contratación millonaria y presuntas irregularidades: Se destacan las adjudicaciones obtenidas por empresas vinculadas a Torres y su entorno familiar durante el gobierno anterior, como el polémico contrato por $95.000 millones con el Fenoge para la instalación de paneles solares, la cual fue suspendida por falta de experiencia del contratista.
Relación con Armando Benedetti y el “Clan Torres”: La petición enfatiza los vínculos políticos y económicos de Torres con el exministro del Interior Armando Benedetti (quien fue incluido en la lista OFAC en octubre de 2025) y el despliegue de influencia electoral del denominado “Clan Torres” en Puerto Colombia y el departamento del Atlántico.
Consecuencias del aislamiento financiero: De ser acogida la solicitud por el Departamento del Tesoro de EE. UU., Torres enfrentaría el bloqueo inmediato de activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de efectuar transacciones con entidades internacionales, derivando en un estricto veto bancario.
Esta acción busca fortalecer la cooperación internacional y los mecanismos de sanción contra las redes de corrupción pública y privada que han afectado el patrimonio de la Nación.
