La senadora del Centro Democrático María Clara Posada volvió a poner bajo la lupa el manejo de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cuestionó un convenio por $30.000 millones suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar la implementación de proyectos restaurativos relacionados con las sanciones impuestas por el tribunal a integrantes de las extintas Farc.
La congresista presentó el dato como parte de una serie de hallazgos con los que viene cuestionando la contratación y el uso de recursos públicos alrededor de la JEP. Según Posada, el dinero destinado al convenio termina siendo asumido por los contribuyentes colombianos.
“Gracias a la JEP, los colombianos terminamos pagándole $30.000 millones al PNUD (ONU) para implementar los proyectos productivos que deben desarrollar las FARC como parte de sus sanciones propias”, afirmó la senadora.
El convenio efectivamente está relacionado con la ejecución de proyectos restaurativos derivados de las decisiones de la JEP. Un acuerdo publicado en julio de 2026 estableció criterios para la utilización de esos $30.000 millones destinados a proyectos vinculados con sanciones propias, trabajos, obras y actividades con contenido reparador.
La comparación que plantea la senadora
Posada cuestionó que mientras existen recursos públicos destinados a facilitar la ejecución de las sanciones restaurativas, las Farc han entregado a las víctimas bienes por una suma que, según las cifras citadas por la congresista, sería inferior.
La senadora señaló que, a enero de 2026, los bienes entregados por las Farc para reparación alcanzaban $46.194 millones.
A partir de esa cifra, realizó una comparación entre los recursos destinados a los proyectos restaurativos y los bienes entregados para reparar a las víctimas.
También sostuvo que la Contraloría General de la República había advertido incumplimientos relacionados con los bienes que las Farc se comprometieron a entregar, afirmando que no se habría cumplido con la totalidad de los bienes muebles e inmuebles incluidos en los compromisos de entrega.
Posada utilizó estos datos para cuestionar el modelo bajo el cual se ejecutan las sanciones propias y plantear interrogantes sobre quién termina asumiendo los costos de su implementación.
La denuncia va más allá de los $30.000 millones
El nuevo cuestionamiento de la congresista hace parte de una investigación política que viene adelantando sobre la contratación de la JEP.
Posada aseguró que entre 2018 y 2026 la Jurisdicción Especial para la Paz suscribió 22 convenios de cooperación internacional con el PNUD, por un valor total de $182.120 millones, según sus propios cálculos.
La legisladora también cuestionó que dentro de esos convenios el PNUD aparezca con aportes por $132.943 millones, argumentando que una parte importante de esos recursos habría sido entregada en especie.
A partir de esa información, Posada puso en duda la relación entre la JEP y el organismo de Naciones Unidas, particularmente después de que Naciones Unidas se pronunciara sobre la necesidad de garantizar las condiciones de funcionamiento de la jurisdicción de cara al presupuesto de 2027.
La congresista considera que esos antecedentes debieron ser puestos en conocimiento de la opinión pública antes de que Naciones Unidas defendiera la necesidad de mantener los recursos destinados a la JEP.
El debate sobre el presupuesto de la JEP
El cuestionamiento ocurre en medio de la discusión sobre los recursos que tendrá la JEP para 2027.
Las comisiones económicas del Congreso aprobaron una reducción de $170.000 millones frente a los recursos inicialmente contemplados para la entidad: $30.000 millones corresponderían a funcionamiento y $140.000 millones a inversión. La modificación fue presentada como parte de un proceso de racionalización y priorización del gasto.
Tras esa decisión, Naciones Unidas pidió garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la JEP y advirtió sobre la importancia de preservar las capacidades del sistema de justicia transicional.
Es precisamente en ese contexto donde Posada ha cuestionado la relación contractual entre la JEP y el PNUD.
“¿Se acuerdan que hace dos días la ONU pidió que no se recortara el presupuesto de la JEP para 2027? Pues bien, no hay almuerzo gratis”, escribió la senadora en sus redes sociales al presentar las cifras de los convenios.
Una discusión sobre recursos públicos y reparación
El debate planteado por Posada pone sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo deben financiarse y ejecutarse las sanciones restaurativas de la JEP y cuál debe ser la participación del Estado en esos procesos.
La justicia transicional contempla sanciones propias que incluyen trabajos, obras y actividades con contenido reparador, especialmente para quienes reconozcan responsabilidad y cumplan las condiciones establecidas por el tribunal.
El convenio de $30.000 millones con el PNUD está precisamente orientado a facilitar la ejecución de proyectos de esa naturaleza, de acuerdo con los documentos relacionados con su implementación.
Sin embargo, para Posada, el modelo genera una situación que considera cuestionable: que recursos provenientes del Estado colombiano terminen financiando la implementación de actividades que hacen parte de las sanciones que deben cumplir los responsables de graves hechos cometidos durante el conflicto armado.
Su crítica se suma a otros cuestionamientos que la senadora ha venido haciendo sobre los gastos, contratos y convenios de la JEP.
Por ahora, las cifras y conclusiones divulgadas sobre los convenios forman parte de los señalamientos públicos de la congresista y del debate político alrededor del presupuesto de la jurisdicción. La discusión deberá determinar el alcance real de esos contratos, las obligaciones asumidas por cada entidad y los resultados obtenidos con los recursos destinados a los proyectos restaurativos.
El caso de los $30.000 millones vuelve así a poner el foco sobre la JEP, el PNUD y el manejo de los recursos públicos destinados a implementar las sanciones restaurativas derivadas del Acuerdo de Paz.
