Al entregar el ‘Sexto informe al Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz’, la Procuraduría General de la Nación sostuvo que aún persiste el incumplimiento de las metas de reparación colectiva a las víctimas, así como de reubicación de la población desplazada como consecuencia del conflicto armado.
En el documento, de 980 páginas y en el que se analizó el avance de los seis puntos del Acuerdo entre abril de 2023 y marzo de 2024, el órgano de control indicó que las víctimas siguen encontrando dificultades para acceder a las ofertas de reparación destinadas para ellas en las zonas rurales dispersas.
Reiteró la importancia de lograr una mayor articulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con las medidas de reparación integral para las víctimas de desplazamiento forzado, pues de las 33.007 iniciativas planteadas en los PDET, solo el 0,5 % se cruzan con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.
Sobre la formalización de tierras, el informe registró que de siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad el avance logrado hasta el momento es del 35,8 %.
Enfoque de género y seguridad
La Procuraduría consignó que se siguen presentando rezagos en la reparación a las mujeres y a las personas con orientación sexual e identidad de género diversa que fueron víctimas del conflicto y, además, advirtió que la información reportada por algunas de las entidades encargadas del tema no permite reconocer en su totalidad las orientaciones sexuales e identidades de género de los beneficiarios.
En relación con el proceso de reincorporación social y económica, evidenció inestabilidad en los contratos de vivienda suscritos dentro de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), donde se identificó un alto número de procesos que no han sido ejecutados al enfrentar obstáculos de carácter administrativo o de seguridad en los territorios.
Sobre las garantías de seguridad, señaló que se han incrementado las afectaciones a los firmantes de paz que actualmente cuentan con medidas de protección. No obstante, reconoció importantes avances en ese tema, como la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como el incremento de mujeres en los cuerpos de seguridad.
Finalmente, llamó la atención porque el Plan de Atención Inmediata (PAI) sigue siendo el único componente implementado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), “lo que evidencia un programa que continúa enfocándose en soluciones individuales, en lugar de la transformación territorial integral y colectiva que requieren las zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito”.
En el desarrollo del informe, la Procuraduría evaluó el impacto de 451 recomendaciones emitidas por el Ministerio Público en el Quinto Informe, las cuales estuvieron dirigidas a cerca de 80 entidades e instancias responsables de su ejecución, de las cuales el 49 % (177) fueron acogidas totalmente, el 33 % (121) aceptadas parcialmente, y el 18 % (64) no fueron acogidas.
