Luego de que la guerrilla de ELN anunciara un paro armado indefinido en la subregión del San Juan, en Chocó, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente para que sean respetados los derechos fundamentales de los habitantes de las cabeceras municipales y sus jurisdicciones rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan.
Son un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, las que están en situación de confinamiento; 7500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria.
Además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.
El anuncio del paro afecta también a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
Vulneración de derechos
Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado.
Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan.
En consecuencia, es necesario que las instituciones estatales, de manera coordinada, adelanten acciones urgentes de prevención y protección, todas orientadas a la garantía de los derechos fundamentales de la población civil en situación de riesgo o afectada.
